El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, presentó un balance crítico tras concluir 62 mesas técnicas de empalme con la Contraloría General de la República. El informe detalla una baja ejecución presupuestal, destacando que en el sector transporte solo se ejecutó el 13% de los recursos durante 2025. Además, se advirtió sobre un riesgo de liquidez en el sector minero-energético debido a deudas de 5.6 billones de pesos en subsidios de gas y energía. El diagnóstico también cuestionó la gestión de programas bandera del gobierno saliente, calificando la reforma agraria como falsa al alcanzar solo el 18% de la meta de entrega de tierras. En el ámbito social, se denunció la falta de recursos para financiar el programa de adulto mayor y presuntas irregularidades en la contratación para la primera infancia. Asimismo, se alertó sobre la existencia de obras inconclusas, denominadas elefantes blancos, que requerirían 54 billones de pesos para su rescate. La situación fiscal se agrava con una proyección de un hueco de 30.2 billones de pesos en el presupuesto de 2027, lo que obligará a la administración de Abelardo de la Espriella a realizar ajustes inmediatos. Mientras el gobierno entrante califica estos hallazgos como una irresponsabilidad profunda, la Contraloría enfatizó que su labor fue estrictamente técnica, preventiva e independiente. Este escenario plantea un desafío financiero significativo para el inicio del nuevo mandato presidencial.

Análisis político

La estrategia del gobierno entrante se centra en la construcción de una narrativa de 'herencia maldita', utilizando los informes técnicos de la Contraloría para legitimar futuras medidas de austeridad y recortes presupuestales. Al calificar la gestión saliente como irresponsable, el equipo de De la Espriella busca deslindarse de la responsabilidad política por los ajustes económicos que deberá implementar desde su primer día de gobierno, trasladando el costo político de la crisis al mandato anterior. En este evento, el gobierno entrante gana legitimidad para justificar un ajuste fiscal severo, mientras que el gobierno saliente pierde capital político al quedar expuesto por fallas en la ejecución y planeación. La Contraloría, por su parte, intenta mantener una posición de neutralidad técnica, aunque su informe se convierte en el insumo principal para que el nuevo Ejecutivo configure su discurso de oposición y contraste administrativo frente a la administración de Gustavo Petro.