La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha retirado los esquemas de seguridad asignados a un grupo significativo de exministros, altos funcionarios y personas cercanas a la administración del expresidente Gustavo Petro. Entre los afectados se encuentran figuras como Mary Luz Herrán, exesposa del exmandatario, y Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia. La entidad justificó la medida tras realizar evaluaciones de riesgo que concluyeron que los niveles de vulnerabilidad de estas personas no justifican la continuidad de la protección estatal. Mary Luz Herrán denunció públicamente la decisión, argumentando que mantiene un riesgo extraordinario y citando un incidente reciente de seguimiento por parte de desconocidos. La exesposa del expresidente responsabilizó al actual Gobierno y a la UNP por cualquier afectación a su integridad física. Por su parte, otros exfuncionarios afectados, incluyendo a Jorge Lemus, han manifestado su intención de apelar la medida ante las autoridades competentes dentro del plazo legal establecido. Esta acción se enmarca en una política de austeridad y revisión administrativa impulsada por la actual dirección de la UNP bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella. La decisión ha generado una fuerte reacción en sectores de la oposición, quienes ven en este retiro de esquemas una persecución política contra quienes integraron el anterior gabinete. Los afectados disponen de diez días para presentar recursos legales que busquen revertir la suspensión de sus escoltas y vehículos blindados.

Análisis político

La estrategia observada responde a una lógica de desmantelamiento de las estructuras administrativas y de protección heredadas del gobierno anterior, bajo el argumento de austeridad y reevaluación de riesgos. El Gobierno actual busca marcar una ruptura clara con la gestión de Gustavo Petro, utilizando la revisión de esquemas de seguridad como una herramienta para cuestionar la legitimidad de las medidas de protección otorgadas durante el mandato previo. En este escenario, el Gobierno gana terreno al consolidar su narrativa de control y eficiencia administrativa, mientras que los exfuncionarios pierden capacidad de protección y visibilidad institucional. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo presenta el retiro de esquemas como un ejercicio técnico de evaluación de riesgos, la oposición lo interpreta como una represalia política que pone en riesgo la vida de quienes lideraron la administración anterior.