Una turista que derribó la estatua del cura Pedro Mauricio de Umaña en la Plaza de la Trinidad, Cartagena, se presentó ante la Alcaldía para asumir su responsabilidad. El incidente ocurrió el 10 de octubre mientras la mujer bailaba y se sujetaba de la escultura, provocando su caída y daños estructurales. Tras la difusión de un video viral, el alcalde Dumek Turbay exigió públicamente que la responsable respondiera por los perjuicios causados al patrimonio público. La mujer, residente en Barranquilla, acudió voluntariamente a las autoridades distritales para ofrecer disculpas públicas al mandatario y a la ciudad. Durante el encuentro, se acordó que ella financiará los trabajos de restauración, los cuales serán ejecutados por el escultor Óscar Noriega. La turista aclaró que su intención nunca fue dañar el monumento ni irrespetar a la ciudad, instando a otros visitantes a cuidar los bienes históricos. El alcalde Turbay había denunciado previamente que la mujer intentó evadir la responsabilidad mediante el uso de cuentas automatizadas en redes sociales. El mandatario enfatizó que los monumentos deben ser respetados y que el costo de la reparación recae sobre quien ocasionó el daño. La administración distrital retirará la pieza, junto a otras del sector, para realizar labores de mantenimiento y asegurar su conservación.

Análisis político

La estrategia del alcalde Dumek Turbay se centró en la pedagogía punitiva y el uso de la presión social digital para forzar una reparación rápida sin necesidad de un litigio prolongado. Al exponer el caso en redes sociales y cuestionar la falta de civismo de la turista, el mandatario logró movilizar a la ciudadanía para identificar a la responsable, convirtiendo un acto de vandalismo accidental en un ejercicio de autoridad y defensa del patrimonio público. El alcalde capitaliza políticamente el evento al posicionarse como un protector del orden y la cultura, mientras que la turista, al presentarse voluntariamente, busca mitigar las consecuencias legales y el estigma social. La narrativa del gobierno local se impone al establecer que el disfrute turístico no exime de la responsabilidad civil, logrando que el infractor asuma los costos económicos y, a la vez, refuerce el mensaje institucional sobre el cuidado de los espacios emblemáticos de la ciudad.