Una turista brasileña de 29 años fue baleada en el pulmón durante un asalto ocurrido en la comuna de Lo Barnechea. La víctima esperaba junto a su pareja el transporte hacia un centro de esquí cuando cinco sujetos armados los abordaron para robarles sus pertenencias. Tras el ataque, la mujer fue trasladada a la Clínica Las Condes, donde fue intervenida quirúrgicamente y se mantiene estable. Las autoridades municipales lograron la detención de un menor de edad implicado en el ilícito mediante el monitoreo de cámaras de seguridad. El detenido quedó bajo internación provisoria mientras se desarrolla la investigación, la cual cuenta con un plazo inicial de 60 días. La pareja de la víctima relató que no opusieron resistencia durante el atraco, pese a lo cual los delincuentes efectuaron disparos. El Gobierno anunció medidas administrativas contra la empresa de transporte involucrada, restringiendo su acceso al Registro Nacional de Servicios Turísticos de Sernatur. Asimismo, se reforzaron las rondas preventivas en zonas de alta afluencia turística y se reiteró la importancia de contratar servicios formales. El Ejecutivo también destacó la tramitación de la Ley de Turismo Aventura para elevar los estándares de seguridad en el sector.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de crisis mediante la rápida respuesta institucional y la focalización de la responsabilidad en la formalidad del sector turístico. Al sancionar administrativamente a la empresa de transporte y promover la Ley de Turismo Aventura, el Gobierno busca proyectar control sobre la seguridad pública y proteger la imagen de Chile como destino internacional, evitando que el incidente afecte la reputación del país ante el mercado brasileño. En este evento, el Gobierno y la Municipalidad de Lo Barnechea ganan legitimidad al mostrar capacidad de reacción y coordinación policial, mientras que la empresa de transporte pierde su estatus operativo y reputación. La narrativa oficial se construye bajo el eje de la 'formalidad' como garantía de seguridad, contraponiendo la responsabilidad de los prestadores de servicios registrados frente a la vulnerabilidad de quienes optan por canales informales, desplazando así el foco del problema de seguridad ciudadana hacia la regulación del mercado turístico.