Tribunal decreta medidas cautelares para siete carabineros por apremios ilegítimos en San BernardoActualizado · hace 9 días
Resumen
El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó medidas cautelares para siete funcionarios de Carabineros imputados por apremios ilegítimos contra dos detenidos. Los hechos ocurrieron el 26 de mayo, cuando los efectivos rociaron gas pimienta al interior de un calabozo y bloquearon la ventilación con un cartón. Las cámaras de seguridad del recinto registraron la coordinación previa y los efectos físicos del agente químico en las víctimas.
La Fiscalía Regional Occidente solicitó la prisión preventiva para los involucrados, argumentando que actuaron con pleno conocimiento de los daños que provocarían. El tribunal estableció diferencias en las medidas según el grado de participación, dictando firma quincenal y arraigo nacional para los ejecutores directos, mientras que los testigos recibieron arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. La investigación cuenta con un plazo de 120 días para esclarecer las responsabilidades penales.
La institución policial informó que dos de los funcionarios involucrados fueron dados de baja en mayo, tras la ocurrencia del incidente. La Fiscalía y el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros mantienen la indagatoria sobre la participación de otros efectivos presentes en el lugar. Este caso pone en evidencia una grave vulneración de los protocolos de custodia al interior de una unidad policial.
Análisis Político
La estrategia institucional de Carabineros busca contener el daño reputacional mediante la desvinculación temprana de los responsables directos y la colaboración activa con el Ministerio Público a través de su Departamento de Asuntos Internos. Esta táctica intenta aislar el evento como una conducta individual desviada, evitando que la crisis escale hacia una crítica sistémica sobre el control de los recintos policiales.
El Ministerio Público gana legitimidad al demostrar capacidad de fiscalización sobre las fuerzas de orden, mientras que la institución policial pierde capital político al quedar expuesta por registros audiovisuales que confirman la coordinación en el uso de apremios ilegítimos. La narrativa de la Fiscalía se centra en la brutalidad y la premeditación, mientras que la institución policial enfatiza la depuración interna para intentar mantener la confianza pública.
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