El Tribunal Constitucional (TC) finalizó el control preventivo de la Ley de Reconstrucción, permitiendo que el Gobierno proceda con su promulgación tras meses de tramitación. El fallo declaró inconstitucionales tres grupos de normas, incluyendo el artículo 12 sobre indemnizaciones por anulación de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Asimismo, el organismo eliminó requisitos de gestión que condicionaban la compensación a municipios por la exención de contribuciones a adultos mayores, estableciendo que dicho beneficio debe ser íntegro e incondicionado. La sentencia también invalidó una disposición transitoria que permitía a las comunas de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura retener ingresos destinados al Fondo Común Municipal (FCM) durante 2027 y 2028. El TC argumentó que esta medida vulneraba el principio de solidaridad territorial y otorgaba una compensación injustificada a las comunas de mayores ingresos. Esta decisión fue celebrada por alcaldes de diversas comunas, quienes la calificaron como un avance para el municipalismo y la justicia en la distribución de recursos locales. Desde el Ejecutivo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que el proyecto está en condiciones de convertirse en ley, subrayando su importancia para el crecimiento económico y la certeza jurídica. Aunque el Gobierno analizará los efectos de las normas eliminadas, la administración de José Antonio Kast prioriza la implementación de las medidas tributarias y económicas. Se estima que, de publicarse en octubre, las primeras disposiciones entrarán en vigor el 1 de noviembre, iniciando un calendario de aplicación escalonada hasta 2027.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se ha centrado en blindar su proyecto estructural de reconstrucción frente a las impugnaciones de la oposición, utilizando el control preventivo como un filtro necesario para legitimar la normativa. Al minimizar el impacto de las eliminaciones del TC y enfocarse en la promulgación, el Ejecutivo busca proyectar una imagen de gestión eficiente y capacidad de respuesta ante la crisis económica, intentando capitalizar políticamente la entrada en vigor de las medidas tributarias. En este escenario, los grandes ganadores son los municipios con menores recursos, que ahora recibirán compensaciones sin las exigencias de gestión que el TC consideró inconstitucionales, mientras que las comunas de altos ingresos pierden un beneficio fiscal transitorio. La narrativa se construye bajo una tensión entre la eficiencia administrativa, defendida por el Gobierno, y el principio de solidaridad territorial, reforzado por el fallo del tribunal. Mientras el oficialismo intenta capitalizar la certeza jurídica, la oposición y ciertos sectores municipales utilizan la resolución para cuestionar la equidad de las propuestas originales del Ejecutivo.