Tribunal confirma condena de 28 años contra exsubdirector del DAS José Miguel Narváez
Resumen
El Tribunal Superior de Medellín ratificó la sentencia de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su responsabilidad como determinador del secuestro extorsivo agravado de la entonces senadora Piedad Córdoba en 1999. La decisión judicial desestimó los argumentos de la defensa, que buscaba la revocatoria del fallo emitido en octubre de 2025, y mantuvo la inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos, además de una multa de 3.499 salarios mínimos. El tribunal concluyó que el exfuncionario utilizó su posición para entregar información de inteligencia a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el fin de facilitar el plagio bajo la doctrina del enemigo interno.
La investigación judicial estableció que Narváez instigó el secuestro tras suministrar grabaciones telefónicas obtenidas ilegalmente, en las cuales la dirigente liberal conversaba con excomandantes del ELN. Este episodio, ocurrido el 21 de mayo de 1999, fue calificado por la justicia como un delito de lesa humanidad debido a la gravedad de los hechos y el contexto de persecución contra opositores políticos y defensores de derechos humanos. La confirmación de esta condena se suma a otros procesos penales previos contra Narváez, incluyendo su responsabilidad en el asesinato de Jaime Garzón y actos de tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque.
La defensa de Narváez aún conserva la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión. El Tribunal aclaró que la acción penal no prescribió, dado que los términos fueron suspendidos durante el tiempo en que el exfuncionario estuvo sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este fallo cierra la segunda instancia ordinaria de un proceso que ha reconstruido, a través de testimonios de exparamilitares y documentos oficiales, la colaboración entre aparatos de inteligencia del Estado y estructuras criminales durante finales de los años noventa.
Análisis Político
El evento evidencia la consolidación de una narrativa judicial que vincula directamente a los aparatos de inteligencia del Estado con el paramilitarismo, utilizando la doctrina del enemigo interno como herramienta de persecución política. La estrategia de la defensa, centrada en alegar la prescripción del delito y cuestionar la valoración probatoria, fue desarticulada por el Tribunal al validar la interrupción de los términos procesales durante el paso del acusado por la JEP, lo que refuerza la capacidad del sistema judicial para procesar crímenes de lesa humanidad a pesar del paso de las décadas.
En términos de impacto político, la ratificación de la condena representa una victoria para las víctimas y los sectores de derechos humanos que han buscado esclarecer la complicidad estatal en el conflicto armado. Por el contrario, el fallo debilita la legitimidad de las instituciones de inteligencia de la época, al confirmar que fueron instrumentalizadas para atacar a figuras políticas opositoras. La construcción de esta verdad judicial permite que el caso de Piedad Córdoba se mantenga como un referente histórico sobre la degradación de las funciones públicas en el marco del conflicto interno colombiano.
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