Deicy Jiménez ratifica su denuncia contra Gustavo Petro tras aplazamiento de cita judicial
Resumen
Deicy Jiménez, quien denunció al expresidente Gustavo Petro por la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales, reafirmó su intención de colaborar con la justicia y negó cualquier intención de evadir el proceso. La denunciante aclaró que no recibió una notificación oficial para la diligencia programada el 20 de noviembre y cuestionó que los medios de comunicación conocieran la fecha antes que su defensa. La Fiscalía reprogramó su declaración para el próximo 1 de diciembre, tras la solicitud de aplazamiento presentada por su abogada.
El caso se centra en la supuesta existencia de una red de aproximadamente 48 mujeres que habrían sido vinculadas a entidades del Estado bajo condiciones irregulares durante la administración de Petro. El actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos, compareció ante la Fiscalía para entregar elementos probatorios y solicitar que se investiguen otras entidades estatales donde habrían ocurrido prácticas similares. Ríos sostiene que la información recopilada demuestra una instrumentalización de servidoras públicas, un punto que ha generado un intenso debate sobre la transparencia en la contratación pública.
Por su parte, el expresidente Gustavo Petro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsas y denunciando una persecución política en su contra. El exmandatario ha cuestionado la legalidad de los interrogatorios realizados a funcionarias del Dapre y ha defendido la idoneidad profesional de las mujeres que trabajaron en su gobierno. Mientras la investigación avanza en la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, el caso se mantiene como un foco de alta tensión política y mediática en el país.
Análisis Político
La estrategia política de los actores involucrados revela una lucha por el control de la narrativa pública. Mientras la denunciante y el actual gobierno buscan posicionar el caso como un escándalo de corrupción sistémica y abuso de poder, el expresidente Petro utiliza una táctica de victimización, denunciando una persecución política y cuestionando la legitimidad de los procedimientos judiciales. Esta polarización busca invalidar la credibilidad del oponente ante la opinión pública, transformando un proceso penal en un campo de batalla ideológico.
En este escenario, el costo político es elevado para ambas partes. El expresidente pierde capital político al verse vinculado a denuncias de carácter ético y administrativo que afectan su legado, mientras que la denunciante enfrenta riesgos de seguridad y presiones que intentan deslegitimar su testimonio. La construcción de narrativas opuestas —una centrada en la justicia y la verdad, y otra en la persecución y la defensa de la dignidad de las mujeres— asegura que el desenlace del caso tenga repercusiones significativas para la estabilidad política y la percepción de las instituciones en el país.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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