Tribunal condena a 18 personas por el ataque incendiario al Molino Grollmus
Resumen
El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpables a 18 de los 19 imputados por el ataque armado e incendiario ocurrido en agosto de 2022 contra el Molino Grollmus en Contulmo. Los condenados fueron hallados responsables de delitos de incendio, robo con violencia, homicidio calificado en grado de frustrado y porte ilegal de armas. El ataque, atribuido a la Resistencia Mapuche Lafkenche, dejó a tres víctimas con lesiones graves, incluyendo una amputación y un trauma ocular.
La Fiscalía logró acreditar los hechos mediante el uso de imágenes de dron inéditas, las cuales permitieron corroborar los testimonios de testigos protegidos cuya fiabilidad había sido cuestionada por la defensa. El Ministerio Público solicitó penas de presidio perpetuo calificado para los adultos involucrados y diez años de internación para los menores de edad. El tribunal, por su parte, absolvió a todos los acusados del cargo de asociación ilícita criminal y desestimó los cargos contra uno de los imputados.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró el veredicto como un resultado del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y destacó una reducción del 22% en los ataques incendiarios durante el presente año. La Defensoría Penal Pública manifestó su rechazo al fallo, argumentando que la dependencia de testigos con identidad reservada vulneró el derecho a una defensa adecuada. La institución evalúa presentar un recurso de nulidad una vez que se conozca la sentencia definitiva el próximo 21 de septiembre.
Análisis Político
La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar el éxito judicial para validar la eficacia de la coordinación institucional en la Macrozona Sur, utilizando la baja en las cifras de atentados como un indicador de gestión. Al calificar el evento como un ataque terrorista, el gobierno busca reforzar una narrativa de orden público y seguridad, diferenciándose de gestiones anteriores al enfatizar la capacidad del Estado para obtener condenas en casos de alta complejidad.
El Ministerio Público y el gobierno emergen como los principales ganadores al lograr una condena histórica que legitima el uso de pruebas tecnológicas y testigos protegidos, elementos clave para desarticular grupos violentos. Por otro lado, la Defensoría Penal Pública y los sectores que cuestionan el uso de testigos anónimos pierden terreno en la opinión pública, aunque mantienen una narrativa centrada en el debido proceso y la garantía de derechos fundamentales, preparando el terreno para una posible impugnación judicial que busca limitar el alcance de este precedente.
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