El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve para extender el plazo de investigación, decretando el cierre definitivo de la etapa indagatoria. El exsubsecretario del Interior, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, enfrenta cargos por violación y abuso sexual contra una subordinada, hechos ocurridos en septiembre de 2024. El Ministerio Público dispone ahora de un plazo de diez días para presentar su acusación formal ante el tribunal. El fiscal Francisco Jacir confirmó que la acusación mantendrá términos similares a la presentada en diciembre de 2025, donde se solicitó una pena de 14 años de presidio. La defensa, encabezada por el abogado Víctor Providel, cuestionó la decisión argumentando que no se ejecutaron diligencias clave, como la revisión de cámaras de seguridad y la ubicación de testigos, lo que a su juicio vulnera la igualdad de armas. Por su parte, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, respaldó el cierre del proceso tras casi dos años de investigación, enfatizando la necesidad de avanzar hacia el juicio oral para resguardar la salud de la víctima. Este hito judicial marca el fin de una serie de prórrogas y reaperturas que han extendido el caso desde la denuncia original. Tras la presentación de la acusación, el tribunal deberá fijar la audiencia de preparación de juicio oral, proyectando una resolución definitiva en los próximos seis meses. El proceso judicial ha sido constante foco de atención pública debido a la alta investidura que ostentaba el imputado al momento de los hechos.

Análisis político

La estrategia de la defensa se ha centrado en dilatar el proceso mediante la solicitud de nuevas diligencias, buscando instalar una narrativa de indefensión y falta de completitud en la evidencia recolectada por la Fiscalía. Esta táctica busca erosionar la solidez de la acusación antes de llegar al juicio oral, intentando sembrar dudas sobre la integridad del proceso investigativo. En este escenario, la Fiscalía y la parte querellante ganan terreno al lograr el cierre de la etapa investigativa, lo que permite avanzar hacia la fase decisiva del juicio. Pierde el imputado, cuya estrategia de dilación ha sido finalmente contenida por el tribunal, mientras que el sistema judicial chileno busca recuperar celeridad en un caso de alto impacto político que ha mantenido la atención sobre la responsabilidad de exautoridades del actual Gobierno.

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve para extender el plazo de investigación, dando por concluida la etapa indagatoria tras casi dos años de proceso. El exsubsecretario del Interior, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, es imputado por los delitos de violación y abuso sexual contra una subordinada ocurridos en septiembre de 2024. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte dispone ahora de diez días para presentar la acusación formal, manteniendo la pretensión de solicitar una pena de 14 años de presidio.

Análisis político

La estrategia de la defensa se ha centrado en cuestionar la integridad de la investigación, argumentando una supuesta ruptura de la igualdad de armas al no concretarse diligencias clave, lo que busca instalar una narrativa de indefensión ante la opinión pública. Por su parte, la parte querellante y la Fiscalía priorizan la celeridad procesal para evitar la revictimización y cerrar un caso que ha impactado profundamente la imagen de la administración gubernamental donde Monsalve ejercía funciones. El cierre de la investigación representa una derrota táctica para la defensa, que buscaba dilatar el proceso, mientras que la Fiscalía fortalece su posición al proyectar el inicio del juicio oral en el corto plazo. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ministerio Público sostiene la solidez de sus pruebas para buscar una condena alta, el imputado insiste en su inocencia, sugiriendo que el juicio será el escenario para exponer testimonios de exautoridades que podrían favorecer su versión de los hechos.