Tribunal Ambiental suspende por 30 días proyecto minero El Alto de Barrick Gold
Resumen
El Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenó la suspensión temporal de las actividades del proyecto de prospección minera El Alto, filial de la canadiense Barrick Gold, tras acoger medidas cautelares presentadas por comunidades diaguitas y organizaciones ciudadanas. La resolución, vigente por 30 días prorrogables, impide la ejecución de sondajes mientras se tramitan las reclamaciones de fondo sobre la legalidad de la aprobación ambiental del proyecto. El tribunal fundamentó su decisión en el principio precautorio, advirtiendo sobre posibles daños irreversibles a glaciares, permafrost y recursos hídricos en la zona del Valle del Huasco.
La controversia central radica en la ubicación de las 43 plataformas de sondaje, las cuales, según informes del Sernageomin, se emplazan en el mismo territorio donde operaba el proyecto Pascua Lama, clausurado definitivamente en 2018 y ratificado por la Corte Suprema en 2022. Las comunidades denunciaron que la empresa pretende reactivar actividades en un área protegida, omitiendo además procesos de consulta indígena obligatorios bajo el Convenio 169 de la OIT. Por su parte, la minera sostiene que El Alto es una iniciativa independiente que no utiliza la infraestructura del proyecto en cierre y que cuenta con los antecedentes técnicos necesarios para justificar su continuidad.
La medida judicial representa un revés significativo para la compañía, que buscaba realizar exploraciones de hasta 700 metros de profundidad con una inversión de 35 millones de dólares. Mientras las organizaciones ambientales celebran el fallo como un avance en la protección del ecosistema altoandino, la empresa ha manifestado su intención de solicitar la reconsideración de la resolución. La Superintendencia del Medio Ambiente ha sido notificada para fiscalizar el cumplimiento de la paralización de las faenas en la cordillera.
Análisis Político
La estrategia política observada en este conflicto se basa en la judicialización de los proyectos extractivos como mecanismo de defensa territorial frente a la percepción de desidia institucional. Las comunidades diaguitas utilizan el principio precautorio y la jurisprudencia previa de la Corte Suprema para bloquear administrativamente la expansión minera, mientras que la empresa intenta desvincular su nueva prospección del historial negativo de Pascua Lama para evitar el estigma de la clausura definitiva. Esta dinámica refleja una tensión constante entre la promoción de inversiones y la protección de ecosistemas críticos, donde el sistema de evaluación ambiental es cuestionado por su supuesta falta de rigor en la consulta indígena y la protección de glaciares.
En este escenario, las comunidades diaguitas y las organizaciones ambientales ganan un tiempo valioso para consolidar su oposición legal, logrando que el tribunal reconozca la fragilidad del ecosistema y la validez de sus reclamos. Por el contrario, Barrick Gold pierde capacidad de maniobra operativa y enfrenta un desgaste reputacional al ser vinculada nuevamente con un proyecto clausurado. La narrativa de las comunidades se construye sobre la desconfianza hacia la institucionalidad ambiental, mientras que la empresa intenta instalar un relato de desarrollo económico y cumplimiento normativo que, hasta ahora, ha sido insuficiente para neutralizar la resistencia local.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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