Tres soldados profesionales murieron y otros resultaron heridos tras la activación de un campo minado en la vereda La Unión, municipio de La Macarena, Meta. Las víctimas fueron identificadas como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez. El Ejército Nacional atribuyó el ataque a la estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, liderado por alias Calarcá. Un segundo ataque ocurrió simultáneamente en la vereda Puerto Chorizo, municipio de Vistahermosa, donde militares fueron emboscados con explosivos y ráfagas de fusil. Este hecho dejó dos soldados heridos adicionales, quienes fueron trasladados al dispensario médico de Apiay y posteriormente al Hospital Departamental de Villavicencio. Las Fuerzas Militares activaron protocolos de evacuación aeromédica y operaciones de búsqueda para atender a los afectados y localizar a los responsables. El presidente Abelardo de la Espriella condenó los atentados y ordenó intensificar las operaciones militares en la región. El mandatario descartó cualquier suspensión de actividades en los corredores estratégicos y señaló que el Estado no se doblegará ante el terrorismo. La institución militar reafirmó su compromiso de continuar con la ofensiva para garantizar la seguridad territorial y llevar a los autores ante la justicia.

Análisis político

La estrategia del Gobierno se centra en una narrativa de firmeza y control territorial, utilizando el lenguaje de la confrontación directa para deslegitimar a los grupos armados. Al personalizar la persecución en la figura de alias Calarcá, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente la indignación nacional tras la muerte de los uniformados, proyectando una imagen de autoridad inquebrantable frente a las disidencias. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen mano dura, mientras que las disidencias de las FARC pierden margen de maniobra política al ser señaladas como responsables directas de violaciones al derecho internacional humanitario. La construcción de narrativas opuestas es evidente: mientras el Estado enfatiza la defensa de la soberanía y la justicia, los grupos armados utilizan la violencia como herramienta de intimidación para intentar frenar la presencia militar en zonas estratégicas del Meta.

Tres soldados profesionales murieron y otros cinco resultaron heridos tras dos ataques con explosivos y armas de largo alcance en el departamento del Meta. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de septiembre en las veredas La Unión, municipio de La Macarena, y Puerto Chorizo, en Vistahermosa. Las víctimas mortales fueron identificadas como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez, integrantes de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 12. El Ejército Nacional atribuyó de manera preliminar los atentados a la estructura Éver Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias 'Calarcá'. Ante la situación, la institución activó protocolos de evacuación aeromédica y médica para trasladar a los uniformados heridos hacia centros asistenciales en Villavicencio. Las operaciones militares en la zona fueron reforzadas con el objetivo de localizar a los responsables de las acciones criminales. El presidente Abelardo de la Espriella condenó los ataques y aseguró que la Fuerza Pública intensificará las operaciones en la región. El mandatario enfatizó que el Estado no se doblegará ante el terrorismo y prometió que los crímenes no quedarán impunes. La respuesta oficial se centra en mantener la presencia militar en los corredores estratégicos del departamento, descartando cualquier suspensión de las actividades operativas.

Análisis político

La estrategia política del Gobierno se fundamenta en una narrativa de mano dura y control territorial, utilizando el lenguaje de la confrontación directa para reafirmar la autoridad del Estado frente a las disidencias. Al personalizar el objetivo en alias 'Calarcá', el Ejecutivo busca centralizar la responsabilidad del conflicto en figuras específicas, lo que le permite proyectar una imagen de determinación y liderazgo ante la opinión pública tras un evento de alto impacto negativo para la seguridad nacional. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen una respuesta militar contundente, pero asume el riesgo de una escalada en la violencia regional que pone a prueba la capacidad operativa de la Fuerza Pública. Por su parte, las disidencias de las FARC construyen una narrativa de resistencia y capacidad de daño, buscando desestabilizar la percepción de seguridad en el Meta y desafiar la política de orden público del actual mandato.