La Empresa Metro de Bogotá recibió tres solicitudes de precalificación de consorcios internacionales interesados en ejecutar la segunda línea del sistema de transporte. Los grupos aspirantes incluyen alianzas lideradas por firmas de Portugal, Francia, China y España, las cuales deberán superar un filtro técnico, jurídico y financiero. Este proceso marca un nuevo intento de licitación tras el fracaso de la convocatoria anterior, declarada desierta en enero de 2026 por falta de ofertas económicas. El proyecto, estimado en 34,9 billones de pesos, contempla un trazado de 15,5 kilómetros con 11 estaciones, de las cuales 10 serán subterráneas. La administración distrital, bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán, ha implementado una estrategia de promoción internacional que incluyó 44 diálogos competitivos con empresas globales. El objetivo es adjudicar el contrato en el primer trimestre de 2027 y firmar el acta de inicio durante el segundo semestre de ese mismo año. La relevancia de esta obra radica en su capacidad para conectar el noroccidente de la capital, beneficiando principalmente a las localidades de Engativá y Suba. El gerente del Metro, Leonidas Narváez, enfatizó que la entidad ha aplicado lecciones aprendidas de la primera línea para mitigar riesgos y evitar retrasos. La infraestructura busca consolidar una red de transporte masivo que articule el suroccidente con el resto de la ciudad, proyectando su entrada en operación hacia 2033 o 2034.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la diplomacia corporativa y el diálogo directo con la banca multilateral para blindar el proyecto frente a la incertidumbre que causó el fracaso de la licitación previa. Al diversificar los orígenes de los consorcios y ajustar los términos de contratación, el gobierno local busca proyectar una imagen de eficiencia técnica y seguridad jurídica, distanciándose de las crisis de gobernabilidad que suelen rodear las megaobras en la capital. El principal ganador es la actual administración, que logra capitalizar políticamente el avance de la infraestructura como un legado de gestión, mientras que los ciudadanos se posicionan como los beneficiarios a largo plazo de una red de transporte integrada. La narrativa oficial construye un relato de continuidad y superación de obstáculos, contrastando con la visión de escepticismo que generó la licitación desierta, logrando así alinear los intereses del Distrito con el respaldo del Gobierno Nacional para asegurar la viabilidad financiera del proyecto.

La Empresa Metro de Bogotá recibió formalmente las solicitudes de precalificación de tres consorcios internacionales interesados en la construcción y operación de la Línea 2 del sistema. Los grupos participantes son APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital, los cuales incluyen firmas de origen europeo y chino. Este proceso marca un nuevo intento de la administración distrital para adjudicar la megaobra tras el fracaso de la convocatoria anterior a inicios de 2026. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la recepción de estas propuestas es un paso fundamental para consolidar la red de transporte de la ciudad. La entidad evaluará ahora los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia de cada grupo para determinar quiénes avanzarán a la etapa de presentación de ofertas técnicas y económicas. Se espera que el contrato sea adjudicado en el primer trimestre de 2027 y que las obras inicien en el segundo semestre de ese mismo año. La Línea 2 contará con 15,5 kilómetros de extensión, 11 estaciones y un patio taller, beneficiando a más de 2,5 millones de habitantes en las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba. El proyecto, estimado en 34,9 billones de pesos, cuenta con un convenio de cofinanciación entre la Nación y el Distrito. La administración distrital realizó 44 diálogos competitivos previos con empresas internacionales para asegurar el interés y la viabilidad del proceso licitatorio.

Análisis político

La estrategia política de la administración distrital se centra en la diplomacia corporativa y la transparencia para blindar un proyecto de infraestructura que es vital para la movilidad y la imagen de gestión del alcalde. Al involucrar a la banca multilateral y realizar diálogos competitivos, el gobierno local busca mitigar los riesgos de una nueva declaratoria de desierto, un escenario que erosionaría la confianza pública en la capacidad de ejecución de la administración. El gran ganador es la institucionalidad distrital, que logra mantener a flote un proyecto estratégico, mientras que los consorcios internacionales se posicionan en un mercado de alta relevancia regional. La narrativa oficial construye una imagen de continuidad y progreso, contrastando la actual recepción de propuestas con el estancamiento previo, lo que permite al gobierno capitalino capitalizar políticamente el avance de la obra frente a la ciudadanía.

La Empresa Metro de Bogotá inició la fase de precalificación para la construcción de la Línea 2, recibiendo solicitudes de tres grupos internacionales. Los consorcios interesados incluyen a Mota-Engil con Spie Batignolles, Xi’an Rail Transportation Group y Sacyr con CAF. Este proceso busca reactivar la megaobra de 34.9 billones de pesos tras el fracaso de la convocatoria anterior, declarada desierta en enero de 2026. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia del proyecto para las localidades de Engativá y Suba, subrayando que la administración realizó 44 diálogos competitivos con empresas globales para asegurar la participación. La Empresa Metro de Bogotá evaluará ahora los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia de los aspirantes. Aquellos que superen este filtro serán habilitados para presentar sus propuestas técnicas y económicas definitivas antes de finalizar el año. La hoja de ruta proyecta la adjudicación del contrato para el primer trimestre de 2027, con el inicio de obras previsto para el segundo semestre de ese mismo año. La nueva línea contará con 15,5 kilómetros de extensión y 11 estaciones, consolidándose como una pieza clave para la movilidad de la capital. El proyecto cuenta con un convenio de cofinanciación vigente entre la Nación y el Distrito desde 2023.

Análisis político

La estrategia de la administración distrital se centra en la diplomacia corporativa y la transparencia para mitigar los riesgos de una nueva declaratoria de desierto, utilizando la banca multilateral como garante de confianza. Al diversificar los orígenes de los proponentes, el Distrito busca reducir la dependencia de un solo actor y fortalecer su posición negociadora frente a los consorcios internacionales. El gran ganador es la institucionalidad distrital, que logra mantener el cronograma de la obra tras el traspié de inicios de año, mientras que los consorcios pierden margen de maniobra al enfrentarse a un proceso de selección más riguroso y vigilado. La narrativa oficial se construye sobre la continuidad y la eficiencia técnica, distanciándose de las polémicas previas y enfocándose en la consolidación de una red de transporte que trasciende periodos administrativos.