La entrada en vigencia de la Ley 21.772 ha forzado el cese de funciones de 35 notarios, conservadores y archiveros en Chile, quienes superan el nuevo límite de edad de 75 años. El Ministerio de Justicia, liderado por Fernando Rabat y el subsecretario Luis Silva, formalizó las salidas mediante decretos para dar cumplimiento a la normativa. Los cargos no quedarán vacantes, ya que se han designado interinos mientras el Servicio Civil organiza los concursos públicos para las titularidades definitivas. Cinco de los afectados han intentado frenar su salida mediante acciones judiciales, invocando la Ley Zamudio bajo el argumento de que el límite de edad constituye una discriminación arbitraria. Aunque algunos tribunales y el Tribunal Constitucional han revisado las causas, no se ha emitido una resolución que suspenda la aplicación de la ley. Entre los funcionarios cesados destaca el caso del conservador de Los Andes, Alfonso Barrientos, de 96 años, y otros titulares que ejercían simultáneamente funciones de notario, conservador y archivero. La implementación de esta reforma busca modernizar el sistema notarial y registral, un proceso que el Ministerio de Justicia ha gestionado para asegurar la continuidad del servicio público. El director del Servicio Civil, Francisco Lea-Plaza Edwards, recibió los perfiles profesionales para los nuevos concursos, los cuales se mantendrán bajo reserva para garantizar la transparencia del proceso. La medida marca un hito en la administración de justicia al establecer un retiro obligatorio para auxiliares que, en promedio, superaban los 81 años de edad.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta reforma apunta a una renovación generacional y una mayor profesionalización de los auxiliares de la justicia, respondiendo a una demanda ciudadana por modernizar instituciones percibidas como anquilosadas. Al implementar concursos públicos a través del Servicio Civil, el Gobierno busca reducir la discrecionalidad en los nombramientos y fortalecer la meritocracia, lo que le otorga un rédito político al presentarse como un actor que impulsa la eficiencia estatal. Los grandes ganadores son los postulantes que accederán a cargos mediante concursos públicos y la ciudadanía, que espera una gestión más dinámica en los registros. Por el contrario, los notarios y conservadores de mayor edad pierden su estabilidad laboral histórica, construyendo una narrativa de defensa de derechos individuales y no discriminación ante lo que consideran una medida arbitraria. Esta tensión entre el interés público de modernización y los derechos adquiridos de los funcionarios define el conflicto actual en el sistema judicial chileno.