Superintendencia Financiera reduce la tasa de usura a 28,59% para octubre de 2026
Resumen
La Superintendencia Financiera de Colombia fijó la tasa de usura en 28,59% efectivo anual para el mes de octubre, marcando una reducción de 65 puntos básicos respecto a septiembre. Este ajuste, que representa el segundo descenso consecutivo en el año, se deriva de la caída en el Interés Bancario Corriente, el cual se situó en 19,06%. La medida establece el límite máximo legal que las entidades financieras pueden cobrar por créditos de consumo y ordinarios, impactando también otras modalidades como los créditos productivos y de bajo monto.
El anuncio ocurre en un contexto de cautela por parte de los hogares colombianos, quienes mantienen una postura conservadora frente al endeudamiento ante la proximidad del cierre de año. Analistas financieros señalan que, a pesar de la reducción, el consumo se mantendrá moderado durante octubre, un mes de transición sin primas salariales. Las entidades bancarias han comenzado a ajustar sus tasas internas para alinearse con el nuevo techo legal, evitando incurrir en sanciones administrativas o penales por cobros excesivos.
Paralelamente, el sector financiero mantiene un debate abierto sobre la pertinencia de este tope legal. Voceros del sector tecnológico han cuestionado la eficacia de la tasa de usura, argumentando que limita el acceso al crédito formal para personas sin historial crediticio y las desplaza hacia mecanismos informales como el gota a gota. Mientras tanto, gremios como Anif sugieren modificar la metodología de cálculo para diferenciar mejor los perfiles de riesgo en lugar de eliminar el límite por completo.
Análisis Político
La estrategia política detrás de la tasa de usura se debate entre la protección al consumidor y la eficiencia del mercado financiero. Mientras el regulador utiliza el indicador como una herramienta de control social para evitar abusos, actores del sector privado, como el CEO de Nubank, proponen una narrativa de desregulación bajo la premisa de que el tope actual excluye a los sectores más vulnerables del sistema formal. Esta tensión revela una disputa sobre quién debe asumir el riesgo de crédito en una economía con alta informalidad.
En este escenario, los hogares colombianos ganan un alivio marginal en el costo de sus obligaciones financieras, pero pierden capacidad de negociación frente a un sistema que restringe el acceso ante la incertidumbre económica. Por su parte, el Gobierno mantiene el control sobre el costo del dinero como una medida de estabilidad, mientras que las entidades financieras deben navegar entre la presión por la competencia digital y la rigidez de una normativa que, según los críticos, termina favoreciendo indirectamente a los prestamistas informales.
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