El presidente Abelardo de la Espriella ordenó este 1 de octubre revertir el incremento de 46 pesos por galón en el precio de la gasolina, medida que había entrado en vigor ese mismo día. El mandatario citó a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, para buscar soluciones alternativas ante la volatilidad del precio internacional del petróleo. Esta decisión busca evitar afectaciones directas al bolsillo de los ciudadanos mientras se definen estrategias permanentes de ajuste. El aumento inicial, anunciado por los ministerios de Minas y Hacienda, respondía a la actualización del precio reconocido a los productores de etanol, un componente clave en la mezcla de combustible. Dicha medida buscaba apoyar al sector de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, región afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto. El Gobierno aclaró que el precio del ACPM se mantendría sin cambios durante el mes de octubre. La intervención presidencial subraya la necesidad de una comunicación transparente y pedagógica sobre las realidades del mercado antes de implementar ajustes tarifarios. De la Espriella enfatizó que su administración prioriza el bienestar ciudadano y la articulación entre entidades estatales. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Minas informe sobre la ejecución técnica de la orden presidencial para dejar sin efecto el incremento.

Análisis político

La estrategia del presidente De la Espriella se centra en la construcción de una narrativa de cercanía y protección al ciudadano frente a las decisiones técnicas de su propio gabinete. Al desautorizar públicamente el incremento de los ministerios de Minas y Hacienda, el mandatario busca capitalizar políticamente la contención de costos, distanciándose de medidas impopulares y posicionándose como un árbitro que prioriza el bienestar social sobre los ajustes fiscales. En este evento, el ciudadano común se perfila como el ganador inmediato al evitar un alza en sus gastos diarios, mientras que los ministerios técnicos pierden margen de maniobra y autonomía en la toma de decisiones económicas. La narrativa del Gobierno se fractura entre una visión técnica, que justifica el alza por la recuperación post-terremoto del sector etanol, y una visión política presidencial que prioriza la estabilidad del bolsillo de los colombianos como eje central de su gestión.