La Superintendencia de Pensiones ha iniciado un proceso sancionatorio contra las siete administradoras de fondos de pensiones del sistema para determinar posibles responsabilidades en las millonarias pérdidas de los fondos D y E. La investigación busca establecer si las gestoras incumplieron sus deberes de lealtad y diligencia al gestionar los ahorros previsionales, especialmente tras registrarse caídas significativas vinculadas a contratos de derivados. Este procedimiento legal se fundamenta en el Decreto Ley N° 3.500 y la Norma de Carácter General N° 340, que exigen resguardar la seguridad y rentabilidad de los fondos de los afiliados. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldó la medida del regulador y enfatizó que, de comprobarse negligencias, los directores de las administradoras podrían responder con su propio patrimonio. El secretario de Estado destacó que la actual administración de la Superintendencia ya había implementado restricciones previas para limitar la volatilidad y evitar mayores perjuicios a los cotizantes. La Fiscalía Centro Norte también se ha sumado a las indagatorias ante la presión de los afectados, quienes exigen explicaciones por la desvalorización de sus ahorros en los instrumentos considerados más conservadores. La clase política ha reaccionado de manera transversal, con parlamentarios de diversos sectores exigiendo que se esclarezcan las responsabilidades y se proteja el ahorro de los trabajadores. Mientras algunos legisladores demandan compensaciones directas por parte de las administradoras, otros han anunciado acciones penales para asegurar que las pérdidas no sean asumidas únicamente por los afiliados. La sesión especial solicitada en el Senado busca profundizar en las causas de este evento y definir las consecuencias legales para las entidades involucradas.

Análisis político

La estrategia política observada busca canalizar el descontento social mediante la institucionalización del conflicto, trasladando la responsabilidad de las pérdidas financieras desde el mercado hacia la fiscalización estatal. Al respaldar la investigación, el Ejecutivo intenta posicionarse como un garante de la probidad y la protección de los ahorros, distanciándose de las gestoras privadas y capitalizando la demanda ciudadana por mayor regulación en un sistema previsional altamente cuestionado. En este escenario, los afiliados aparecen como los principales perjudicados, mientras que el Gobierno y los parlamentarios de oposición ganan capital político al liderar una narrativa de fiscalización y justicia. Las AFP pierden legitimidad y enfrentan un riesgo reputacional y patrimonial significativo, siendo el blanco de una narrativa que las presenta como entidades que priorizan sus intereses comerciales sobre la seguridad de los fondos de terceros, lo que intensifica la presión por reformas estructurales al sistema.