Representantes de las universidades chilenas, encabezados por el rector de la UC y presidente del G9, Juan Carlos de la Llera, solicitaron formalmente al Congreso rechazar la partida de Educación Superior del Presupuesto 2027. La petición se fundamenta en los recortes propuestos por el Ejecutivo, que incluyen reducciones significativas en fondos de fomento a la investigación, aportes basales y financiamiento para universidades estatales. Los rectores advirtieron que estas medidas comprometen el desarrollo científico del país y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Durante la sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, los académicos argumentaron que las universidades ya enfrentan un estrés financiero debido a la brecha entre los aranceles regulados y el costo real de la gratuidad. El rector de la UC enfatizó que el Estado no debería castigar el desempeño de instituciones que generan gran parte de la productividad científica nacional. Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile y el vicepresidente del CRUCH respaldaron la postura, señalando que el ajuste afectará la formación de estudiantes y la continuidad de proyectos estratégicos. La discusión parlamentaria mostró una división clara entre los rectores y el oficialismo. Mientras los académicos insistieron en que el Estado debe preservar el valor real de sus compromisos presupuestarios, el diputado Diego Schalper defendió la propuesta del Gobierno, destacando incrementos en otras áreas y exigiendo mayor eficiencia en la gestión interna de las universidades. Como consecuencia inmediata de la presión ejercida por los rectores, la subcomisión rechazó la partida presupuestaria en los términos presentados.

Análisis político

La estrategia de los rectores se basa en la presión técnica y reputacional, utilizando su rol como generadores de conocimiento y actores clave en el desarrollo nacional para cuestionar la viabilidad de la política pública del Ejecutivo. Al solicitar el rechazo de la partida, buscan forzar una mesa de negociación que les permita revertir los recortes antes de la votación final, posicionándose como defensores de la calidad educativa frente a un ajuste fiscal que califican de cortoplacista. En este escenario, el Gobierno pierde capacidad de maniobra al enfrentar una resistencia unificada de los diversos consorcios universitarios, lo que debilita su narrativa de austeridad responsable. Por otro lado, los rectores ganan legitimidad pública al exponer las contradicciones entre el discurso oficial de crecimiento y la realidad de los recortes en ciencia. La construcción de la narrativa se divide entre la visión del Ejecutivo, que prioriza el equilibrio fiscal y la eficiencia administrativa, y la de las universidades, que priorizan la estabilidad institucional y el impacto a largo plazo en la investigación.