Las agencias clasificadoras de riesgo S&P Global Ratings y Fitch Ratings ratificaron la calificación soberana de Chile, manteniendo una perspectiva estable para la economía nacional. S&P confirmó la nota 'A' para deuda en moneda extranjera y 'A+' para moneda local, mientras que Fitch mantuvo la calificación en 'A-'. Ambas entidades fundamentaron su decisión en la solidez institucional del país, la credibilidad de sus políticas macroeconómicas y el compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal.

Análisis político

La estrategia política del Ejecutivo se centra en capitalizar el respaldo de organismos internacionales para validar su agenda económica, especialmente la Ley de Reconstrucción Nacional. Al destacar la reducción del impuesto corporativo y la agilización de permisos, el Gobierno construye una narrativa de eficiencia y responsabilidad fiscal que busca compensar la falta de mayorías legislativas, utilizando el aval externo como un activo para presionar por reformas estructurales en el Congreso. El Gobierno gana legitimidad técnica al alinear sus metas de déficit con las proyecciones de las clasificadoras, lo que fortalece su posición frente a los mercados. Por el contrario, los sectores que cuestionan el ajuste del gasto público pierden terreno argumentativo, ya que la estabilidad de la calificación soberana es presentada por el oficialismo como una prueba irrefutable de que la disciplina fiscal es el camino correcto para recuperar el crecimiento proyectado hacia 2027.

La agencia Fitch Ratings mantuvo la calificación de riesgo soberano de Chile en A- con perspectiva estable, respaldando la gestión fiscal del gobierno del presidente José Antonio Kast. El informe destaca la contención del gasto público y la estabilidad de la deuda, la cual se mantuvo en 41,7% del PIB durante 2025. Esta evaluación positiva se fundamenta en la solidez institucional del país y en la implementación de una agenda económica que incluye la Ley de Reconstrucción Nacional. La clasificadora ajustó a la baja la estimación de crecimiento económico para 2026, reduciéndola de un 1,6% a un 0,7%. Este recorte responde a shocks transitorios que han afectado sectores clave como la minería, la agricultura y la pesca, además de un entorno internacional marcado por el alza en los precios del petróleo. La agencia proyecta una recuperación hacia 2027, con una expansión del PIB estimada en 3% impulsada por la inversión y la agenda de reformas. El Ministerio de Hacienda valoró el informe como un respaldo a su estrategia de consolidación fiscal y a las medidas pro-inversión, como la reducción del impuesto corporativo y la agilización de permisos. La administración sostiene que la disciplina presupuestaria ha permitido estabilizar la deuda pública por primera vez en dos décadas. Fitch, por su parte, advierte que persisten desafíos estructurales como la dependencia de materias primas y un ingreso per cápita bajo en comparación con economías similares.

Análisis político

El gobierno utiliza el respaldo de Fitch como una herramienta de validación técnica para su agenda legislativa, buscando fortalecer su narrativa de orden y responsabilidad fiscal frente a la opinión pública. Al destacar la aprobación de la agencia sobre la Ley de Reconstrucción Nacional, el Ejecutivo intenta blindar sus reformas económicas contra las críticas opositoras, presentándolas como el motor necesario para revertir el bajo crecimiento proyectado. El Ejecutivo gana legitimidad técnica al ser avalado por un actor internacional, lo que le permite capitalizar la estabilidad macroeconómica como un activo político. Por otro lado, el recorte en la proyección de crecimiento se convierte en un punto de presión, ya que expone la vulnerabilidad de la economía ante factores externos y climáticos. La construcción de narrativas se divide entre un gobierno que enfatiza la solidez de sus fundamentos a largo plazo y una realidad económica inmediata que muestra signos de estancamiento.