La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que las administraciones de propiedad horizontal no pueden obligar a residentes o visitantes a entregar datos biométricos, como huellas o reconocimiento facial, para acceder a sus viviendas. Esta decisión se formalizó mediante la Resolución 52185 de 2025, tras investigar un caso en Bogotá donde se recolectó información sin autorización y se negó la eliminación de registros a petición de los usuarios. La entidad subrayó que los datos biométricos son sensibles y su tratamiento requiere consentimiento previo, expreso e informado. La autoridad enfatizó que la seguridad en los conjuntos residenciales no justifica la vulneración del derecho fundamental al habeas data ni la restricción a la libre circulación. Las administraciones están obligadas a ofrecer mecanismos alternativos de ingreso, tales como tarjetas de proximidad, chips, códigos de seguridad o validación mediante personal de vigilancia. La SIC advirtió que, a diferencia de una contraseña, la información biométrica es inalterable, por lo que su filtración o uso indebido conlleva riesgos irreversibles para la identidad y seguridad de las personas. Como consecuencia inmediata, el conjunto residencial investigado deberá suprimir los datos de quienes solicitaron su eliminación y habilitar métodos de acceso no invasivos. La Dirección de Habeas Data remitió el expediente a la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales para evaluar posibles sanciones adicionales. La entidad instó a los ciudadanos a denunciar formalmente si se les impide el ingreso por negarse a suministrar este tipo de información sensible.

Análisis político

La estrategia de la SIC se centra en la protección de derechos fundamentales frente a la creciente digitalización de la seguridad privada, estableciendo un precedente que limita el poder de las administraciones de copropiedades. Al priorizar el habeas data sobre la autonomía administrativa de los conjuntos, el Estado busca frenar la normalización de la vigilancia biométrica masiva sin controles estrictos, posicionándose como garante de la privacidad individual frente a la gestión privada de datos. En este evento, los ciudadanos que valoran su privacidad resultan ganadores al obtener un respaldo legal claro para rechazar la recolección de datos sensibles. Por el contrario, las administraciones de propiedad horizontal y las empresas de seguridad pierden capacidad de maniobra y deben asumir costos operativos para implementar sistemas de acceso alternativos. La narrativa oficial construye una tensión entre seguridad y libertad, donde el Estado se legitima al recordar que la eficiencia tecnológica no puede estar por encima de las garantías constitucionales.