La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel Colombia, Celsia Colombia y AES Colombia por presuntas conductas que habrían limitado la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista. La investigación se centra en el periodo comprendido entre 2022 y 2025, durante el cual las empresas habrían ofertado energía a precios elevados sin justificación técnica, a pesar de mantener sus embalses con niveles de almacenamiento superiores al 90%. Esta actuación se originó tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022. El mecanismo bajo escrutinio es la Bolsa de Energía, una subasta diaria donde se define el precio de la electricidad. Según la autoridad, al ofertar precios desproporcionadamente altos, las generadoras habrían desplazado la energía hidráulica, que es más económica, obligando al sistema a utilizar fuentes térmicas más costosas. Este comportamiento habría distorsionado la formación de precios, afectando potencialmente las tarifas finales que pagan los usuarios residenciales y comerciales en el país. La formulación de cargos marca el inicio de un proceso administrativo formal y no constituye una sanción definitiva. Las empresas investigadas tendrán ahora la oportunidad de presentar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa ante la SIC. La entidad busca determinar si estas prácticas afectaron la eficiencia económica del mercado y el bienestar de los consumidores, en un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta investigación busca capitalizar el descontento ciudadano frente a las altas tarifas de energía, posicionando al Gobierno como un ente regulador activo que protege el bolsillo de los usuarios. Al señalar a grandes generadoras, el Ejecutivo traslada la responsabilidad de los costos elevados hacia el sector privado, utilizando la capacidad técnica de la SIC para validar una narrativa de presunta especulación en un mercado sensible. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al actuar sobre una denuncia que data de 2022, demostrando seguimiento a las preocupaciones del sector energético. Por su parte, las empresas pierden reputación al ser vinculadas con la alteración de precios en momentos de crisis, mientras que la narrativa oficial se construye sobre la defensa del interés general frente a la eficiencia del mercado, obligando a las compañías a defender su modelo operativo en un entorno de alta presión pública.