El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) concretó el embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea JetSMART tras acumular 42 multas entre 2023 y 2025, las cuales suman más de $781 millones. La autoridad migratoria sostiene que las sanciones se originaron por el transporte de extranjeros sin la documentación necesaria para ingresar al país y por la omisión en la entrega de listados de pasajeros. El director del organismo, Frank Sauerbaum, enfatizó que la medida busca asegurar el cumplimiento de la Ley de Migraciones y la correcta fiscalización de las líneas aéreas. La aerolínea calificó el actuar del servicio público como improcedente, argumentando que las multas se encuentran actualmente bajo litigio en los tribunales de justicia. Según la empresa, las sanciones no corresponden a transporte ilegal de personas, sino a controversias técnicas sobre la entrega de información requerida por la autoridad. Además, JetSMART precisó que una de las sanciones invocadas ya fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago, fallo que actualmente está siendo revisado por la Corte Suprema. La diputada Joanna Pérez, presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, anunció que la instancia parlamentaria analizará el caso para verificar el cumplimiento de los procedimientos legales. La empresa, por su parte, aseguró que el embargo es una medida cautelar acotada que no afecta sus operaciones comerciales. Ambas partes mantienen posturas divergentes sobre la naturaleza de las infracciones y la validez de las sanciones impuestas en el marco del sistema migratorio chileno.

Análisis político

La estrategia del Servicio Nacional de Migraciones refleja una política de mano dura frente a la crisis migratoria, utilizando el embargo como una herramienta de presión administrativa para forzar el cumplimiento de las normativas de control fronterizo. Esta acción busca proyectar una imagen de fiscalización activa ante la opinión pública, alineándose con las preocupaciones ciudadanas sobre el ingreso irregular de extranjeros. Por otro lado, la aerolínea emplea una estrategia de defensa jurídica, buscando deslegitimar el relato oficial al enmarcar el conflicto como una disputa técnica y judicial, evitando así el estigma de ser asociada con el tráfico de personas. El Gobierno gana legitimidad al mostrarse firme en la aplicación de la ley, mientras que la empresa intenta proteger su reputación corporativa y evitar que el conflicto escale hacia una crisis de imagen. La construcción de narrativas es opuesta: el Estado presenta el evento como una victoria del orden y la legalidad, mientras que la aerolínea lo presenta como un abuso de autoridad que ignora el debido proceso judicial. La intervención de la Comisión de Gobierno Interior añade una capa de control político que podría derivar en una mayor presión regulatoria sobre toda la industria aérea.

El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) procedió al embargo de las cuentas corrientes de la aerolínea JetSMART tras acumular 42 multas entre 2023 y 2025. Estas sanciones, que ascienden a más de 781 millones de pesos, fueron cursadas por el traslado de extranjeros sin la documentación necesaria y la omisión en la entrega de listados de pasajeros. El director del organismo, Frank Sauerbaum, justificó la medida como un cumplimiento estricto de la Ley de Migraciones vigente. La aerolínea respondió mediante un comunicado calificando la acción y la comunicación del servicio como improcedentes, argumentando que las multas se encuentran actualmente en disputa ante los tribunales de justicia. La empresa precisó que el embargo es una medida cautelar acotada y no una retención general de sus fondos, asegurando que sus operaciones comerciales continúan desarrollándose con absoluta normalidad. Además, enfatizaron que las sanciones representan una fracción mínima de su flujo anual de pasajeros. La controversia se centra en la naturaleza de las infracciones, pues mientras el Sermig las vincula directamente con el ingreso irregular de personas, la compañía sostiene que se trata de discrepancias administrativas sobre la entrega de información. JetSMART destacó que existen procesos judiciales pendientes, incluyendo un fallo previo de la Corte de Apelaciones que favoreció a la empresa en una de las causas. Ambas partes mantienen posturas divergentes sobre la firmeza de las sanciones y el impacto de la fiscalización estatal.

Análisis político

La estrategia del Servicio Nacional de Migraciones refleja una política de mano dura frente a la crisis migratoria, utilizando herramientas de ejecución forzosa para proyectar autoridad ante la opinión pública. Al vincular las multas administrativas con el control de fronteras, el Gobierno busca capitalizar políticamente la fiscalización de actores privados, posicionándose como un ente garante del orden y la legalidad en un tema de alta sensibilidad ciudadana. En este escenario, el Gobierno gana legitimidad al mostrar resultados concretos en la persecución de infracciones migratorias, mientras que la aerolínea intenta proteger su reputación corporativa mediante la judicialización y la desmentida pública. La narrativa del Estado se construye sobre la urgencia de la seguridad nacional, mientras que la empresa construye la suya sobre el debido proceso y la tecnicidad administrativa, evidenciando un choque entre la gestión política de la migración y la defensa de los derechos de propiedad y debido proceso en sede judicial.