Sepelio de alias Bendito Menor en Riohacha genera polémica por disparos y caravanas
Resumen
El sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se convirtió en un evento masivo en Riohacha tras su muerte en un operativo policial el 4 de septiembre. Cientos de motociclistas, música popular y disparos al aire acompañaron el cortejo fúnebre, generando una fuerte controversia pública. Las imágenes del evento, que incluyeron pancartas calificándolo como el capo de los pobres, circularon ampliamente en redes sociales y fueron documentadas por diversos medios.
Las autoridades locales y el Gobierno Nacional reaccionaron ante la ostentación criminal exhibida durante el recorrido. El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que los individuos que realizaron disparos al aire ya han sido identificados por los organismos de inteligencia. El mandatario advirtió que no tolerará que la cultura de la ilegalidad se normalice y ordenó a la Fuerza Pública actuar con contundencia contra los responsables.
El evento también estuvo marcado por tensiones sociales y de seguridad, incluyendo el rechazo de un sacerdote a oficiar una misa de cuerpo presente para el fallecido. Mientras la Fuerza Pública evitó intervenir directamente durante la caravana para prevenir enfrentamientos con civiles, el Gobierno sostiene que el operativo que resultó en la baja del cabecilla fue un éxito estratégico. La situación refleja la persistente influencia de estructuras criminales en la región y la respuesta estatal ante la exhibición de poder delictivo.
Análisis Político
La estrategia política del Gobierno se centra en capitalizar el abatimiento de un objetivo de alto valor para proyectar una imagen de autoridad y control territorial. Al calificar el sepelio como un reality show criminal y amenazar directamente a los asistentes identificados, el Ejecutivo busca deslegitimar la base social de las estructuras armadas y reafirmar su narrativa de mano dura contra la ilegalidad.
El evento genera una polarización narrativa donde el Gobierno gana legitimidad ante sectores que exigen orden, mientras que los grupos criminales intentan mantener su influencia mediante la ostentación y el control social en los territorios. La confrontación simbólica entre el Estado y las estructuras delictivas en el espacio público evidencia la disputa por la legitimidad y el miedo en las comunidades locales, donde el Estado busca imponer su autoridad frente a la cultura de la ilegalidad.
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