La senadora María Clara Posada ha intensificado sus críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al cuestionar la relación contractual entre este tribunal y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La congresista denunció que, entre 2018 y 2026, se suscribieron 22 convenios por un valor de 182.120 millones de pesos, calificando al organismo internacional como un megacontratista de la entidad. Estos señalamientos surgen en el marco de un debate legislativo sobre un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos para el año 2027. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, intervino recientemente solicitando que se garanticen los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Posada respondió a este pronunciamiento argumentando que la ONU debió informar sobre su vínculo económico con la JEP, sugiriendo la existencia de un conflicto de intereses. La senadora sostiene que gran parte de los aportes del PNUD en dichos convenios han sido en especie, lo que implica que el costo real es asumido por los contribuyentes colombianos. La controversia se extiende a la gestión de los proyectos restaurativos y la reparación a las víctimas. Posada comparó los montos destinados a la defensa jurídica de exintegrantes de las FARC y los convenios con el PNUD frente a los bienes entregados por el grupo armado para la reparación, afirmando que los recursos públicos están financiando actividades de los victimarios. Mientras tanto, la JEP y diversos sectores advierten que el recorte presupuestal pone en riesgo la estabilidad del Acuerdo de Paz y la continuidad de las funciones judiciales del tribunal.

Análisis político

La estrategia política de la senadora Posada se centra en el control político mediante la fiscalización detallada de la ejecución presupuestal, buscando deslegitimar la gestión administrativa de la JEP para justificar recortes financieros. Al vincular a la ONU como un actor con intereses económicos en el tribunal, la congresista intenta debilitar el respaldo internacional que recibe la jurisdicción, presentándolo no como una defensa de los derechos humanos, sino como una protección de intereses contractuales. En este escenario, el Centro Democrático gana terreno al posicionar una narrativa de austeridad y cuestionamiento a la justicia transicional, mientras que la JEP y sus defensores pierden capacidad de maniobra al verse obligados a defender su operatividad frente a acusaciones de despilfarro. La construcción de narrativas es divergente: para la oposición, el tribunal es un ente ineficiente y costoso que favorece a los victimarios, mientras que para la JEP, los recortes representan un riesgo directo para la verdad, la reparación de las víctimas y la estabilidad del proceso de paz.

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, ha intensificado sus críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante la revelación de cifras sobre gastos operativos y contratos de arrendamiento. La congresista cuestionó el pago de 114.202 millones de pesos en arriendos desde 2020 y denunció presuntas irregularidades en la selección de la sede Torre Squadra, señalando que la entidad invirtió en mobiliario a pesar de que el inmueble fue elegido por estar dotado. Además, Posada advirtió sobre una estructura empresarial compleja detrás de los propietarios del edificio, sugiriendo posibles vínculos con paraísos fiscales. El debate se enmarca en la discusión sobre un recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos para 2027, medida que la senadora defiende bajo criterios de austeridad fiscal. Según Posada, el costo de la JEP asciende a 3,8 billones de pesos, lo que, a su juicio, resulta desproporcionado frente a las 21 sentencias emitidas hasta la fecha. La legisladora también criticó el gasto en viajes internacionales a destinos como Miami, París y Chicago, calificándolos como ajenos al objeto social del tribunal. Por su parte, la JEP ha argumentado que el incremento en su planta de personal, que alcanzó los 1.455 colaboradores en 2024, justificó la contratación de una segunda sede para albergar a 402 funcionarios. Mientras la senadora sostiene que el tribunal ha instrumentalizado a miembros de la Fuerza Pública para frenar el recorte presupuestal ante la CIDH, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, advirtió que la reducción de recursos pone en riesgo la estabilidad del Acuerdo de Paz y la seguridad jurídica de los comparecientes.

Análisis político

La estrategia política de la senadora Posada se centra en el control político mediante la fiscalización técnica y presupuestal, buscando deslegitimar la eficiencia administrativa de la JEP para justificar recortes financieros. Al vincular los gastos de funcionamiento con la baja cifra de sentencias en firme, construye una narrativa de 'derroche' que resuena en sectores críticos del acuerdo de paz, posicionando al tribunal como una entidad burocrática desconectada de la austeridad que exige el país. En este escenario, el Centro Democrático gana terreno al capitalizar el descontento fiscal, mientras que la JEP pierde legitimidad ante la opinión pública al verse obligada a defender gastos operativos en un contexto de crisis económica. La narrativa del tribunal, por el contrario, intenta elevar el debate hacia la defensa de la paz y la seguridad jurídica, intentando blindar su autonomía frente a lo que consideran una embestida política que busca limitar su capacidad de juzgamiento.