Senadora Martha Peralta denuncia amenazas de muerte tras revocación de su visa estadounidense
Resumen
La senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, denunció haber recibido llamadas telefónicas con amenazas de muerte contra su vida y la de sus hijos. La congresista hizo pública la situación a través de un video en redes sociales, donde calificó los hechos como una forma de persecución política. Según relató, los agresores le advirtieron que podría ver a sus familiares desde la cárcel o el cementerio.
Este incidente ocurrió pocas horas después de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos revocara el visado de la senadora y de su núcleo familiar. La medida estadounidense, que también afectó al empresario Euclides Torres, fue justificada por Washington bajo argumentos de lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Peralta ha cuestionado la decisión y anunció que buscará explicaciones a través de canales diplomáticos.
La legisladora ya puso el caso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para que se investigue el origen de las intimidaciones. Peralta vinculó las amenazas con un clima de hostilidad y mensajes de odio que, según su versión, se han intensificado en plataformas digitales. Actualmente, la senadora también enfrenta investigaciones penales por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Análisis Político
La estrategia de la senadora Peralta consiste en enmarcar las amenazas y la revocación de su visa como una persecución política sistemática, buscando deslegitimar los señalamientos en su contra al presentarse como una víctima de violencia y racismo. Al vincular ambos eventos, intenta desplazar el foco de las investigaciones judiciales y administrativas hacia una narrativa de defensa de su integridad personal y su labor como congresista de oposición.
En este escenario, la senadora pierde capital político debido a la gravedad de las acusaciones internacionales sobre corrupción, mientras que los sectores críticos del Gobierno aprovechan la situación para cuestionar la idoneidad de los funcionarios del Pacto Histórico. La construcción de narrativas es divergente: mientras Peralta apela a la victimización por persecución ideológica, sus opositores utilizan la decisión de Estados Unidos como un respaldo institucional a las investigaciones penales que ella enfrenta en Colombia.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
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