El operador del sistema eléctrico nacional, XM, advirtió sobre un inminente riesgo de desabastecimiento energético debido a la alta demanda, el retraso en proyectos de infraestructura y la llegada del fenómeno de El Niño. Con una probabilidad del 63% de que este evento climático alcance una intensidad muy fuerte, el país enfrenta una brecha proyectada de 3.906 GWh al año entre 2026 y 2027. La situación se agrava por el incumplimiento en la entrada de nuevos proyectos de generación, de los cuales solo ha operado un 7,4% de lo previsto para este año. Las regiones Caribe y Oriental, incluyendo Bogotá, presentan las mayores vulnerabilidades ante posibles racionamientos programados. En el Caribe, el agotamiento de la red y el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena limitan la capacidad de suministro, mientras que en el Oriente, la acumulación de sedimentos y mantenimientos en centrales como Guavio restringen la generación. El sector gremial ha señalado que la infraestructura actual ha llegado a sus límites, evidenciado por 165 instrucciones de desconexión de carga emitidas entre abril y junio. Ante este panorama, diversos actores han propuesto medidas urgentes para evitar una crisis similar a la de 1992. La Sociedad Hidroituango ha sugerido adelantar una hora el reloj nacional para reducir el consumo y priorizar el uso de plantas térmicas para conservar el agua de los embalses. Por su parte, el gobierno entrante ha convocado mesas técnicas con generadores y reguladores para establecer una hoja de ruta preventiva antes de la posesión presidencial el 7 de agosto.

Análisis político

La crisis energética se utiliza como un campo de batalla narrativo donde el sector privado y los gremios buscan desmarcarse de la gestión del gobierno saliente, señalando la falta de coordinación y la desconfianza institucional como causas del estancamiento. La estrategia de los gremios se centra en presionar al gobierno entrante para que adopte medidas técnicas inmediatas, como el uso de plantas térmicas y cambios en los hábitos de consumo, buscando evitar la responsabilidad política de un posible racionamiento. En este escenario, el sector privado y los gremios ganan capacidad de interlocución al posicionarse como los salvadores técnicos del sistema, mientras que el gobierno saliente pierde legitimidad al ser cuestionado por su enfoque en la transición energética frente a la realidad operativa. La narrativa del gobierno saliente, centrada en energías renovables, choca con la urgencia de la confiabilidad del sistema, permitiendo que los actores críticos construyan un discurso de 'falta de preparación' que condiciona la agenda del nuevo Ejecutivo.