El Servicio Geológico Colombiano mantiene al volcán Puracé en alerta naranja tras registrar los niveles más altos de actividad desde 1993, incluyendo columnas de ceniza de hasta 3.400 metros y un aumento en la sismicidad. Esta situación ha llevado a la declaratoria de calamidad pública en el municipio de Puracé, afectando a cerca de 18.000 familias y comprometiendo la calidad del agua y la producción agropecuaria en la región. Las autoridades han activado salas de crisis y protocolos de contingencia para mitigar los riesgos geológicos y sanitarios en las comunidades aledañas. La Gobernación del Cauca y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres han desplegado asistencia técnica y humanitaria, entregando insumos veterinarios, tanques de almacenamiento de agua y tapabocas de alta eficiencia. Los equipos de respuesta priorizan la protección de la vida ante la posibilidad de erupciones súbitas, mientras los expertos advierten que la inestabilidad del sistema volcánico impide un retorno inmediato a la normalidad. La dispersión de ceniza, agravada por las condiciones climáticas de sequía y fuertes vientos, mantiene en máxima vigilancia a los organismos de socorro. El impacto de esta emergencia ha trascendido a la esfera política nacional, obligando al presidente electo, Abelardo de la Espriella, a trasladar el lugar de su posesión oficial programada para el 7 de agosto a la ciudad de Cali. Mientras tanto, las autoridades locales y los especialistas del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán insisten en la prohibición de acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga. La coordinación interinstitucional continúa enfocada en la seguridad alimentaria y la salud pública de los habitantes del oriente caucano.

Análisis político

La gestión de la crisis volcánica revela una estrategia de respuesta institucional centralizada, donde la Gobernación del Cauca y la UNGRD buscan proyectar control y capacidad de reacción ante una amenaza natural de gran escala. La declaratoria de calamidad pública funciona como un mecanismo político y administrativo para agilizar la transferencia de recursos nacionales hacia un municipio de sexta categoría, evitando así un vacío de autoridad en un territorio históricamente vulnerable. El evento genera un costo político directo para la administración entrante, que se ve obligada a modificar su agenda de posesión, mientras que los actores locales ganan visibilidad al gestionar la emergencia en sus territorios. La narrativa se construye bajo una tensión constante entre la prudencia técnica del Servicio Geológico Colombiano, que evita dar pronósticos definitivos, y la necesidad de las autoridades políticas de transmitir calma y preparación para prevenir el pánico social.