La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra la Municipalidad de Cerro Navia tras determinar que una instalación eléctrica irregular causó la muerte de un hombre durante un sistema frontal. La investigación técnica reveló que el alumbrado público estaba conectado directamente a la red de baja tensión sin autorización, careciendo de protección diferencial y puesta a tierra. Esta condición provocó que la estructura metálica de un paradero quedara energizada, representando un riesgo fatal para los transeúntes. El organismo fiscalizador concluyó que el municipio incumplió su deber de mantener las instalaciones en condiciones seguras y evitar conexiones defectuosas. La entidad edilicia dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus descargos por escrito y proceder a la normalización de la infraestructura. La resolución subraya que la responsabilidad de la operación y mantención del alumbrado público recae directamente sobre la administración municipal. Previamente, el alcalde de Cerro Navia había sugerido que el accidente pudo ser provocado por la intervención de terceros o robo de cables en un sistema de alumbrado antiguo. Esta versión inicial contrastó con los hallazgos de la SEC, que apuntan a una falta de fiscalización y mantenimiento preventivo por parte del municipio. El caso se mantiene bajo investigación administrativa para determinar las sanciones definitivas tras el fallecimiento ocurrido en la intersección de Avenida La Estrella con Los Conquistadores.

Análisis político

La estrategia política observada tras el evento muestra un intento inicial de la autoridad local por deslindar responsabilidades mediante la hipótesis de intervención de terceros, una narrativa común para mitigar el costo político ante tragedias urbanas. Sin embargo, la intervención técnica de la SEC desplaza el foco hacia la gestión administrativa y el incumplimiento de normativas de seguridad, dejando al municipio en una posición de vulnerabilidad institucional al quedar expuesta la falta de fiscalización sobre sus propias instalaciones. El gran perdedor es la administración municipal, que enfrenta cargos formales y un cuestionamiento directo a su capacidad de gestión y seguridad pública. Por otro lado, la SEC refuerza su rol como ente fiscalizador autónomo, ganando legitimidad al basar su dictamen en evidencia técnica que contradice las versiones preliminares del alcalde. La construcción de narrativas se divide entre la urgencia de la autoridad local por externalizar la culpa y la rigurosidad del organismo técnico que institucionaliza la responsabilidad municipal.