Óscar Giovanny Marulanda fue enviado a prisión por un juez de control de garantías tras ser imputado por el delito de feminicidio agravado. El procesado, quien no aceptó los cargos, es señalado de asesinar a Rosa Mayerly Olaya el pasado 12 de julio al interior de un establecimiento comercial en Soacha. La víctima, que trabajaba en el lugar, falleció debido a la gravedad de las heridas causadas con un arma cortopunzante durante el ataque. La investigación de la Fiscalía reveló que el agresor mantenía una obsesión con la mujer desde febrero de 2026, tras el rechazo de ella a iniciar una relación sentimental. El ente acusador documentó un patrón de acoso persistente que incluyó hostigamientos en el lugar de trabajo y en los domicilios de familiares de la víctima. A pesar de que la Policía intervino en dos ocasiones para escoltar a la mujer, no existía una denuncia formal ni una medida de protección vigente al momento del crimen. La familia de la víctima desmintió versiones iniciales de autoridades locales que calificaban al agresor como expareja sentimental. La hermana de Rosa Mayerly enfatizó que el hombre era un acosador obsesionado y exigió respeto a la memoria de la fallecida. Por su parte, la empresa donde laboraba la víctima y la administración municipal han manifestado su rechazo a la violencia de género y han dispuesto acompañamiento para los allegados.

Análisis político

La estrategia política observada se centra en la gestión de la indignación ciudadana mediante la rápida judicialización y el despliegue de protocolos institucionales como la Patrulla Púrpura. El alcalde de Soacha busca capitalizar la respuesta estatal para proyectar control y compromiso frente a la violencia de género, aunque la discrepancia pública con la familia sobre la naturaleza del vínculo entre agresor y víctima expone una falla en la comunicación oficial y en la precisión de los datos de inteligencia social. En este evento, la institucionalidad pierde legitimidad al evidenciarse que, pese a las intervenciones policiales previas, el sistema no logró prevenir el desenlace fatal, lo que refuerza la narrativa de desprotección estatal. Por otro lado, la familia de la víctima gana terreno en la construcción de la narrativa al corregir la versión oficial, desplazando el foco del crimen pasional hacia la problemática del acoso sistemático y la falta de medidas de protección efectivas para las mujeres.

Rosa Mayerly Olaya Coronado fue asesinada el domingo 12 de julio tras ser atacada con un arma cortopunzante al interior de una tienda Homecenter en Soacha, Cundinamarca. La víctima fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. La Policía capturó en flagrancia al presunto responsable, identificado como Oscar Giovanni Marulanda, quien permanece bajo custodia mientras la Fiscalía adelanta la judicialización. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Acosta, lamentó el crimen y solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social brindar acompañamiento integral a la familia de la víctima. El mandatario calificó inicialmente al agresor como la expareja sentimental de la mujer, una versión que fue refutada por la hermana de la víctima. Según la familia, el capturado era un compañero de trabajo que padecía problemas psiquiátricos y mantenía un historial de acoso y obsesión hacia ella. La empresa Homecenter emitió un comunicado confirmando que la víctima era su colaboradora y aclaró que el agresor no tenía ningún vínculo laboral con la compañía. El caso ha generado un fuerte rechazo social y exigencias de justicia por parte de los allegados de la mujer. Las autoridades locales reiteraron la importancia de denunciar situaciones de violencia para prevenir desenlaces fatales, en un municipio que registra un alto impacto de violencia basada en género.

Análisis político

La gestión de este evento revela una estrategia de comunicación institucional enfocada en la reacción inmediata y la demostración de autoridad por parte de la Alcaldía. Al posicionarse rápidamente en redes sociales, el alcalde busca capitalizar la indignación ciudadana y proyectar una imagen de control y compromiso con la seguridad de las mujeres, utilizando un lenguaje de mano dura para exigir celeridad judicial. El conflicto narrativo entre la versión oficial y la de la familia evidencia una desconexión en la recolección de información preliminar, lo que debilita la narrativa institucional frente a la opinión pública. Mientras el gobierno local gana legitimidad al mostrar eficiencia en la captura, pierde terreno al estigmatizar el vínculo entre los involucrados, lo que obliga a los actores políticos a ajustar su discurso ante la presión de los familiares que exigen precisión y justicia por el acoso previo.