La entrada en vigencia de una nueva metodología tarifaria, definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), ha generado incrementos en las facturas de acueducto en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Soacha y Gachancipá. Este ajuste, que comenzó a aplicarse el primero de julio, responde a la actualización de costos operativos, tasas de rentabilidad y el reconocimiento de inversiones ejecutadas por las empresas prestadoras. Los aumentos varían según la región, alcanzando un 6,67% en Bogotá y hasta un 11% en Gachancipá. Asocapitales, que agrupa a los alcaldes de las 32 ciudades capitales, solicitó formalmente al Gobierno nacional y a la CRA revisar este marco tarifario. La asociación argumenta que, aunque las administraciones municipales no tienen competencia legal para modificar las tarifas, son los alcaldes quienes enfrentan directamente las reclamaciones y el descontento de la ciudadanía ante el impacto en sus bolsillos. El gremio propone la creación de una mesa técnica que incluya a la Superintendencia de Servicios Públicos y a las empresas del sector para evaluar los efectos de la nueva normativa. Por su parte, el gremio de empresas de servicios públicos, Andesco, presentó una demanda de nulidad simple con medida cautelar de emergencia contra la resolución. El sector empresarial sostiene que la implementación se realizó de manera apresurada y sin la participación adecuada de los actores involucrados, lo que genera riesgos tanto para la estabilidad de las empresas como para los usuarios finales. Mientras tanto, las empresas prestadoras continúan aplicando el nuevo esquema para evitar sanciones regulatorias, a pesar de las críticas sobre la falta de concertación en la expedición de la norma.

Análisis político

La estrategia política de Asocapitales busca desmarcarse del costo político que implica el alza en los servicios públicos, trasladando la responsabilidad regulatoria hacia el Gobierno nacional y la CRA. Al solicitar una mesa de trabajo, los alcaldes intentan posicionarse como defensores de los ciudadanos ante una medida impuesta desde el nivel central, evitando que el desgaste por el aumento en el costo de vida afecte su imagen local. En este escenario, el Gobierno nacional y la CRA pierden legitimidad al ser señalados por la falta de participación y la premura en la implementación, mientras que los gremios empresariales, como Andesco, ganan terreno al judicializar la norma para proteger sus intereses operativos. La narrativa se divide entre la necesidad técnica de sostenibilidad financiera del sistema, defendida por el regulador, y la urgencia social de proteger la capacidad de pago de los hogares, bandera que ahora lideran los mandatarios locales.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) confirmó un incremento en las tarifas de agua y saneamiento para Bogotá, Soacha, Gachancipá y zonas de Tocancipá y Zipaquirá. Este ajuste, que entró en vigor el 1 de julio de 2026, responde a la implementación de la Resolución 1032 de 2026 expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La medida actualiza la metodología para calcular costos operativos, inversiones ejecutadas y tasas de rentabilidad de los prestadores. Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, precisó que el aumento promedio en Bogotá es del 6,67%, equivalente a unos 4.900 pesos mensuales para un usuario de estrato 4. En Soacha el incremento es del 2,3%, mientras que en Gachancipá alcanza el 11%. La entidad aclaró que el ajuste no es una decisión autónoma, sino el cumplimiento obligatorio de un nuevo marco tarifario nacional que busca garantizar la sostenibilidad financiera del servicio. El gremio de empresas de servicios públicos, Andesco, manifestó su rechazo a la medida mediante una demanda de nulidad simple con solicitud de medida cautelar de emergencia. El presidente del gremio, Camilo Sánchez, argumentó que la implementación se realizó de manera apresurada y sin la participación adecuada de los actores involucrados. Los usuarios verán reflejado el impacto de forma gradual en sus próximos ciclos de facturación, dependiendo de su estrato y nivel de consumo.

Análisis político

La estrategia política de la EAAB se centra en desvincular a la administración local de la responsabilidad directa sobre el alza, trasladando la carga argumentativa hacia una imposición técnica y regulatoria de la CRA. Al enfatizar que el incremento es una obligación legal y no una decisión discrecional, la empresa busca mitigar el desgaste político que genera el aumento en el costo de vida de los ciudadanos, especialmente en un contexto de alta sensibilidad por los servicios públicos. El gran perdedor es el usuario final, quien enfrenta un incremento directo en sus gastos básicos, mientras que el gremio de prestadores, representado por Andesco, intenta capitalizar el descontento para cuestionar la gobernanza regulatoria del sector. La narrativa se divide entre la necesidad de sostenibilidad financiera defendida por el regulador y la denuncia de improvisación y falta de diálogo técnico señalada por los gremios, lo que pone en evidencia una tensión creciente entre la política pública nacional y la operatividad de las empresas prestadoras.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá anunció un incremento en las tarifas del servicio de agua y alcantarillado que afecta a los usuarios de la capital, Soacha, Gachancipá y zonas de Tocancipá y Zipaquirá. Este ajuste, que entró en vigor el 1 de julio, representa un aumento del 6,67 % en Bogotá, 2,3 % en Soacha y 11 % en Gachancipá. La medida responde a la aplicación de la Resolución 1032 de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). La gerente del Acueducto, Natasha Avendaño, precisó que el incremento no es una decisión autónoma de la entidad, sino el resultado de una nueva metodología tarifaria nacional. Este marco regulatorio modifica la fórmula de cálculo para reconocer inversiones ejecutadas, tasas de rentabilidad y costos operativos actualizados a la vigencia 2024. Los usuarios verán reflejado el impacto de manera gradual en sus próximos ciclos de facturación, dependiendo de su consumo, estrato y subsidios aplicables. El gremio de empresas de servicios públicos, Andesco, manifestó su rechazo a la implementación de esta normativa mediante una demanda de nulidad simple con medida cautelar de emergencia. El presidente del gremio, Camilo Sánchez, argumentó que la premura en los tiempos de ejecución y la falta de participación en la elaboración del marco tarifario generan riesgos para los usuarios y presión sobre las empresas prestadoras. Por su parte, la administración del Acueducto sostiene que la actualización es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Análisis político

La estrategia política de la Empresa de Acueducto de Bogotá se centra en deslindar su responsabilidad administrativa frente al impacto económico en los hogares, trasladando la carga de la decisión a la autoridad reguladora nacional. Al enfatizar que el aumento es una imposición técnica de la CRA, la entidad busca mitigar el costo político del incremento tarifario, presentándose como un ejecutor de normas externas y no como un actor que busca aumentar sus ingresos de manera discrecional. En este escenario, el gremio de servicios públicos se posiciona como un contrapoder que busca capitalizar el descontento ciudadano, mientras que el Gobierno y la entidad reguladora pierden legitimidad ante la percepción de una implementación apresurada. La narrativa se construye bajo una tensión entre la sostenibilidad financiera defendida por el regulador y la crítica por la falta de concertación técnica, dejando al usuario final como el principal afectado que debe asumir el costo de la disputa regulatoria.