Los resultados de las pruebas PISA 2025 posicionaron a Colombia con desempeños estables pero bajos frente a la medición anterior, registrando 381 puntos en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias. El país se ubica significativamente por debajo del promedio de la OCDE, con un 71% de estudiantes por debajo del nivel mínimo en matemáticas y un 54% en lectura. A pesar de estos indicadores, Colombia mostró una leve mejoría en el área de ciencias, manteniéndose en un grupo de países latinoamericanos con resultados estables frente a la tendencia de descenso regional. El análisis de los resultados señala factores estructurales como la falta de infraestructura adecuada, que afecta al 62% de las instituciones, y la carencia de materiales educativos. Expertos y académicos coinciden en que el uso excesivo de pantallas y la dependencia de la inteligencia artificial para realizar tareas escolares han desplazado el esfuerzo intelectual y el pensamiento crítico. Adicionalmente, se reportó que el 20,7% de los estudiantes ha sufrido acoso escolar, una cifra que supera el promedio de los países miembros de la OCDE. El debate político se ha intensificado tras la publicación de las cifras, con sectores de oposición cuestionando la gestión del sindicato docente Fecode y proponiendo modelos como los vouchers educativos y la evaluación por resultados. Por otro lado, diversos analistas advierten que atribuir la crisis exclusivamente a un actor sindical simplifica un problema multicausal que incluye la pobreza, el impacto de la pandemia y la necesidad de una reforma en la formación docente. La discusión actual se centra en si las soluciones deben enfocarse en la privatización o en una inversión integral en el sistema público.

Análisis político

La estrategia política observada tras los resultados de PISA se divide entre la instrumentalización de la crisis para promover reformas estructurales de mercado y la defensa de la educación pública como un sistema complejo. Sectores de oposición utilizan el bajo desempeño para cuestionar la legitimidad de Fecode, buscando capitalizar el descontento social para impulsar modelos de educación privada o concesionada. Esta narrativa busca desplazar la responsabilidad del Estado hacia el sindicato, simplificando un fenómeno global de deterioro educativo. En este escenario, el Gobierno y los defensores de la educación pública pierden terreno en la opinión pública al quedar a la defensiva frente a cifras desoladoras, mientras que los proponentes de modelos alternativos ganan visibilidad al ofrecer soluciones rápidas y tangibles. La construcción de narrativas es divergente: mientras unos presentan la crisis como una falla del modelo sindical y docente, otros la enmarcan como una consecuencia de la desigualdad estructural, la falta de inversión en infraestructura y los retos de la era digital, evitando que el debate se reduzca a una disputa ideológica sobre el magisterio.