La directiva regional de Renovación Nacional en Valparaíso remitió al Tribunal Supremo del partido los antecedentes de la senadora Camila Flores tras su altercado con la senadora Fabiola Campillai. Durante la discusión, Flores utilizó expresiones despectivas como “señora de feria”, “cuma total” y “se le salió la poblacional”, mientras que Campillai la calificó de “delincuente”. El órgano disciplinario deberá determinar si estas conductas infringen los estatutos o la ética de la colectividad, arriesgando sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión. El conflicto se originó en los pasillos del Congreso durante el debate sobre un indulto para el excarabinero Patricio Maturana, condenado por las lesiones que dejaron ciega a Campillai. La Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF) rechazó públicamente el uso de su oficio como un insulto, calificándolo de despectivo y doloroso. La presidenta de la organización, Paula Morales, enfatizó que el trabajo en ferias libres es una labor digna y sacrificada. La Mesa del Senado, encabezada por Paulina Núñez, derivó el caso a la Comisión de Ética para evaluar si el intercambio vulneró el respeto institucional. Este episodio se suma a una investigación previa contra Flores por presunto fraude al Fisco, lo que aumenta la presión sobre su permanencia en el partido. La situación ha generado reacciones transversales, incluyendo críticas de figuras políticas y comunicadores sobre el uso del lenguaje en el debate público.

Análisis político

La estrategia de Renovación Nacional busca contener el daño reputacional derivado de la conducta de una de sus parlamentarias, utilizando sus mecanismos disciplinarios internos para marcar distancia ante la opinión pública. Al elevar el caso al Tribunal Supremo, el partido intenta proyectar una imagen de orden y respeto a sus principios, intentando mitigar el impacto de las críticas recibidas por militantes y dirigentes regionales. En este escenario, la senadora Flores pierde capital político al quedar expuesta a sanciones disciplinarias y al rechazo de gremios, mientras que la directiva regional gana legitimidad al actuar frente a la presión de las bases. La narrativa se construye bajo una polarización donde el lenguaje clasista es utilizado como arma política, provocando que actores externos, como la ASOF, se involucren para defender la dignidad de sus trabajadores frente a la descalificación parlamentaria.