La reforma constitucional en seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast ha generado una profunda división dentro de sus propias filas oficialistas. El proyecto, que busca implementar un nuevo estado de excepción y restringir beneficios estatales a condenados por crimen organizado, carece actualmente de los 29 votos necesarios en el Senado para su aprobación. Parlamentarios de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli han manifestado reparos significativos, cuestionando la falta de trabajo prelegislativo y la extensión de facultades presidenciales sin fiscalización parlamentaria. El debate se intensificó tras la sugerencia del timonel republicano, Arturo Squella, de convocar a un plebiscito para dirimir las diferencias sobre la iniciativa. Esta propuesta fue descartada de manera tajante por los ministros José García Ruminot y Claudio Alvarado, quienes negaron que el Ejecutivo contemple dicha vía por carecer de sustento constitucional. La tensión también ha expuesto discrepancias internas en el gabinete, donde ministros sectoriales han cuestionado aspectos técnicos del borrador, como la posible vulneración de derechos fundamentales en salud y educación. Ante la falta de apoyos, senadores como Arturo Squella y Andrés Longton han iniciado gestiones para presentar indicaciones que modifiquen el texto original. El Ejecutivo, por su parte, ha comenzado a convocar a parlamentarios oficialistas para intentar destrabar la tramitación y alcanzar los cuatro séptimos requeridos. La viabilidad de la reforma depende ahora de la capacidad del gobierno para negociar cambios profundos en el articulado y unificar a una coalición que actualmente se muestra reticente a respaldar la propuesta en sus términos actuales.

Análisis político

La estrategia política del gobierno de Kast se ha visto debilitada por una deficiente gestión prelegislativa, lo que ha provocado una rebelión parlamentaria en su propia coalición. Al intentar imponer una agenda de seguridad con altos quórums sin consensos previos, el Ejecutivo ha permitido que actores de su propio sector, como RN y la UDI, se posicionen como contrapesos necesarios, obligando a La Moneda a ceder en su diseño original. La narrativa de 'firmeza' frente al crimen organizado choca con la realidad de un Congreso que prioriza el control institucional y la fiscalización, dejando al gobierno en una posición de vulnerabilidad numérica. En este escenario, el gran perdedor es el Ejecutivo, cuya capacidad de conducción política queda en entredicho al no lograr alinear a sus aliados naturales. Por otro lado, parlamentarios de derecha como Longton y Squella ganan protagonismo al erigirse como los articuladores de una reforma 'perfeccionada', distanciándose de la rigidez del Palacio de Gobierno. La construcción de narrativas es divergente: mientras el gobierno intenta presentar la reforma como una necesidad urgente de seguridad, sus críticos dentro del oficialismo y la oposición la califican como una amenaza a las garantías democráticas, logrando unificar a sectores ideológicamente distantes en contra de la propuesta original.