La ciudad de Cali enfrenta un proceso de recuperación estimado en tres años tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. El alcalde Alejandro Eder ha señalado que la emergencia requiere una inversión cercana a los 10 billones de pesos para atender la crisis humanitaria y reconstruir la infraestructura colapsada. Actualmente, las autoridades han pasado de las labores de búsqueda y rescate a la remoción de más de 25.000 toneladas de escombros y la atención de miles de familias damnificadas. El impacto estructural ha sido severo, con cientos de edificaciones evacuadas y otras tantas con daños que requieren estudios técnicos para determinar si son recuperables o deben ser demolidas. Expertos del sector de la construcción han advertido que muchas de las estructuras afectadas eran antiguas y no cumplían con las normas de sismo resistencia vigentes. Esta situación complica el cronograma de reconstrucción, el cual se divide en una fase inicial de estabilización humanitaria y una etapa posterior de edificación física. El Gobierno Nacional y la administración local coordinan esfuerzos para gestionar los recursos necesarios, incluyendo la propuesta de un 'Fondo Milagro' impulsado por la Alcaldía. Mientras tanto, la cifra de víctimas mortales ha sido objeto de ajustes en los reportes oficiales, situándose en un rango entre 289 y 304 fallecidos a nivel nacional. La solidaridad ciudadana y el apoyo internacional han sido fundamentales para mantener la operatividad de los servicios públicos y la asistencia a los afectados.

Análisis político

La estrategia política del alcalde Alejandro Eder se centra en la gestión de expectativas y la centralización de la narrativa de reconstrucción bajo un enfoque de resiliencia. Al proponer el 'Fondo Milagro' y comprometer recursos propios del Distrito, el mandatario busca posicionar a la administración local como un actor proactivo y capaz de liderar la crisis, evitando que la narrativa sea absorbida exclusivamente por el Gobierno Nacional. Esta postura le permite capitalizar la legitimidad política derivada de la atención directa a la emergencia, transformando el desastre en una oportunidad para proyectar una visión de ciudad a largo plazo. En este escenario, el alcalde emerge como el principal gestor de la crisis, ganando visibilidad y control sobre la agenda pública, mientras que el Gobierno Nacional asume el rol de financiador y colaborador. La construcción de narrativas divergentes sobre el número de víctimas entre el Ejecutivo y las autoridades locales refleja una tensión sutil por la precisión de la información y el control del relato oficial. Quienes pierden en este evento son, fundamentalmente, los damnificados y el tejido económico de la ciudad, que enfrentan una incertidumbre prolongada y una carga financiera masiva que condicionará la gestión pública durante el resto del periodo administrativo.