El cabo segundo Cristopher Aguilera Fernández fue despedido en una ceremonia oficial tras ser asesinado el pasado 27 de septiembre durante un procedimiento policial en la población Las Dunas, comuna de Lo Espejo. El funcionario recibió un disparo en la cabeza por parte de un sujeto identificado como Brayan Farías Díaz, quien fue abatido en el lugar por el compañero de patrulla de la víctima. El Gobierno decretó tres días de duelo nacional ante la gravedad del suceso, que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública y en las autoridades del país. Durante el funeral, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, anunció el ascenso póstumo de Aguilera al grado de suboficial mayor y dispuso que la 42ª Comisaría de Radiopatrullas lleve su nombre en su honor. La ceremonia contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, ministros de Estado y representantes del Poder Legislativo, quienes acompañaron a la familia y a la institución. El cortejo fúnebre recorrió diversos puntos significativos de la trayectoria del uniformado antes de su sepultura en el mausoleo institucional del Cementerio General. Las autoridades policiales y gubernamentales aprovecharon la instancia para enfatizar la necesidad de fortalecer el poder de fuego y la dotación de Carabineros frente a una criminalidad descrita como más violenta. El General Araya reafirmó el compromiso de la institución con el plan de captura de prófugos y la persecución del crimen organizado en sectores complejos. Por su parte, el Ejecutivo hizo un llamado a la unidad nacional para respaldar la labor policial y exigió la aplicación de la justicia conforme a la ley para los responsables del crimen.

Análisis político

El evento evidencia una estrategia gubernamental centrada en la seguridad pública como eje prioritario, utilizando la figura del mártir institucional para consolidar el respaldo político hacia Carabineros. La narrativa oficial busca transformar el dolor por la pérdida en un impulso legislativo y operativo para dotar a la policía de mayores facultades y recursos, posicionando al Estado como un actor firme frente a la criminalidad violenta y el crimen organizado. El Presidente Kast y la alta cúpula policial capitalizan políticamente este suceso al reforzar la imagen de la institución como el principal baluarte de la paz social, lo que les permite presionar al Poder Judicial para endurecer las sanciones. Mientras el Gobierno y Carabineros ganan legitimidad en su discurso de mano dura, los sectores críticos o vinculados a la delincuencia pierden terreno en la opinión pública, quedando relegados a una posición defensiva ante la demanda ciudadana de mayor seguridad y control territorial.