El 4° Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la medida de prisión preventiva para Jorge Constanzo, imputado por la muerte de su hija de dos años, quien falleció tras caer desde un piso 11 en Las Condes el pasado 17 de mayo. La decisión judicial se produjo durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa, la cual buscaba sustituir la reclusión por arresto domiciliario. El tribunal desestimó la petición, manteniendo la calificación jurídica de homicidio por omisión bajo la figura de dolo eventual sostenida por la Fiscalía. La Fiscalía Metropolitana Oriente presentó nuevos antecedentes que refuerzan la tesis de negligencia grave, incluyendo una boleta de consumo de alcohol en un restaurante y un peritaje del Servicio Médico Legal. El informe toxicológico confirmó que el imputado registraba 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que acredita que conducía en estado de ebriedad mientras estaba a cargo de la menor. El fiscal Ezio Braghetto argumentó que el padre no cumplió con su posición de garante al no tomar medidas de seguridad básicas, lo que derivó en el fatal desenlace. La audiencia estuvo marcada por la tensión cuando la defensa se refirió a la víctima como "cabra chica", provocando la indignación de la madre de la menor, Gloria Ortiz. Mientras la parte querellante y el Ministerio Público celebraron la ratificación de la cautelar como un paso necesario para la justicia, la defensa mantiene su postura de que se trató de un cuasidelito y no de un homicidio. El imputado permanecerá en el Centro de Detención Preventiva de Casablanca mientras continúa la investigación del caso.

Análisis político

En el sistema judicial chileno, este caso refleja una estrategia de la Fiscalía orientada a endurecer la persecución penal en delitos de alta connotación social mediante la figura del dolo eventual. Al elevar la calificación de un cuasidelito a homicidio por omisión, el Ministerio Público busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los padres como garantes de la seguridad de sus hijos, utilizando pruebas científicas irrefutables como la alcoholemia para neutralizar los argumentos de la defensa. La narrativa construida por la Fiscalía y la parte querellante posiciona al imputado como un actor que priorizó su consumo personal sobre el deber de cuidado, lo que genera un alto costo reputacional y legal para el acusado. Por el contrario, la defensa pierde terreno al intentar minimizar el hecho con un lenguaje que es percibido socialmente como deshumanizante, lo que debilita su posición ante el tribunal y la opinión pública, consolidando la prisión preventiva como la medida de mayor respaldo institucional.