Un grupo de 19 congresistas de oposición radicó una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, tras la muerte de tres menores de edad durante la Operación Amón en el Guaviare. Los legisladores cuestionan la falta de información de inteligencia previa sobre la presencia de adolescentes en el campamento y critican la narrativa oficial que los calificó como combatientes. La Defensoría del Pueblo también se sumó a las voces que exigen no normalizar la muerte de menores en operaciones militares. El ministro Mora defendió la legalidad del operativo, asegurando que se cumplieron los estándares constitucionales y que la responsabilidad principal recae sobre los grupos armados que reclutan forzadamente a los menores. El Gobierno sostiene que el reclutamiento es un crimen de guerra y ha anunciado mesas interdisciplinarias para fortalecer la protección de la infancia. Esta es la segunda moción de censura que enfrenta el gabinete del presidente Abelardo de la Espriella en menos de un mes. El debate ha generado una fuerte polarización política, con sectores que recuerdan que durante el gobierno anterior también ocurrieron muertes de menores en bombardeos sin que se promovieran acciones similares. La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes deberá ahora verificar los requisitos y fijar una fecha para el debate. El resultado de este proceso determinará la permanencia del ministro en su cargo si la plenaria decide aprobar la censura.

Análisis político

La estrategia de la oposición busca capitalizar el costo político de una crisis humanitaria para desgastar al gobierno de De la Espriella, utilizando la moción de censura como un mecanismo de control que pone a prueba la cohesión de la coalición oficialista. Al centrar el debate en la protección de menores, los congresistas construyen una narrativa de superioridad moral que obliga al Ejecutivo a defenderse en un terreno sensible, mientras el Gobierno intenta desplazar la responsabilidad hacia los grupos armados ilegales para blindar su política de seguridad. En este escenario, el ministro de Defensa pierde capital político al quedar expuesto a un juicio público que reabre heridas sobre la doctrina militar, mientras que la oposición gana visibilidad mediática, aunque corre el riesgo de ser señalada por inconsistencias históricas respecto a su postura en gobiernos anteriores. La construcción de narrativas opuestas —una centrada en el deber estatal de protección y otra en la legitimidad de la lucha contra el crimen— evidencia una fractura profunda en la interpretación de los límites del uso de la fuerza en el conflicto armado colombiano.