La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, con 132 votos a favor, el proyecto que establece una compensación por el IVA pagado en la compra de pañales y medicamentos. La iniciativa, que ahora pasa a segundo trámite en el Senado, contempla un gasto fiscal de 100 millones de dólares para su primer año de implementación. El beneficio está dirigido al 80% de los hogares más vulnerables inscritos en el Registro Social de Hogares, incluyendo a niños menores de 24 meses, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad. El mecanismo de entrega será administrado por el Instituto de Previsión Social, el cual validará las compras realizadas en el comercio formal mediante boleta electrónica y recetas médicas. Los montos serán depositados en el Bolsillo Familiar Electrónico durante el mes siguiente a la validación. El proyecto establece límites de gasto y priorización en caso de alta demanda, buscando aliviar los costos recurrentes de productos esenciales para familias de menores ingresos. La propuesta surgió originalmente como un acuerdo político entre el Gobierno y el Partido de la Gente para asegurar el respaldo a la agenda de reconstrucción nacional. Mientras el Ejecutivo y el oficialismo valoraron la capacidad de diálogo y el diseño técnico de la medida, algunos parlamentarios criticaron la burocracia del sistema y la demora en los reembolsos. La oposición a la medida argumentó que el beneficio resulta insuficiente frente al alza del costo de vida y las prioridades presupuestarias del Estado.

Análisis político

La estrategia política observada es el intercambio de apoyos legislativos, donde el Gobierno cede en políticas sociales específicas para asegurar la aprobación de proyectos estructurales, como la megarreforma de reconstrucción. Esta dinámica permite al Ejecutivo mantener la gobernabilidad mediante acuerdos puntuales con bancadas opositoras, mientras que el Partido de la Gente utiliza su capacidad de negociación para posicionarse como un actor que logra beneficios directos para la clase media y los sectores vulnerables. En este escenario, el Gobierno gana estabilidad legislativa y el Partido de la Gente obtiene un triunfo simbólico y práctico que puede capitalizar electoralmente. Por otro lado, los sectores críticos pierden al no lograr frenar la burocratización del beneficio, mientras que la narrativa oficialista se construye en torno a la responsabilidad fiscal y el diálogo, contraponiéndose a la narrativa del PDG, que enfatiza la urgencia de aliviar el bolsillo de las familias ante la crisis económica.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 132 votos a favor el proyecto que establece una bonificación mensual para compensar el gasto en pañales y medicamentos. La iniciativa, que ahora pasa a segundo trámite en el Senado, está dirigida al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares. El beneficio contempla un costo fiscal de 100 millones de dólares para su primer año de implementación y será administrado por el Instituto de Previsión Social. El proyecto surgió como parte de un acuerdo político entre el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG) para asegurar el respaldo a la denominada megarreforma de reconstrucción nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación destacando que el diseño técnico incentiva la compra en el comercio formal mediante la presentación de boletas. La bonificación se depositará en el Bolsillo Familiar Electrónico tras la validación de los antecedentes por parte del Servicio de Impuestos Internos. Durante la discusión, diversos parlamentarios expresaron críticas respecto a la burocracia del sistema de postulación y la exigencia de plataformas digitales, señalando dificultades para adultos mayores y zonas rurales. Algunos sectores cuestionaron la magnitud del beneficio frente a otras medidas gubernamentales, calificándolo de insuficiente. Pese a estas observaciones, la mayoría de la Cámara ratificó el texto propuesto por las comisiones de Hacienda y Desarrollo Social sin modificaciones sustanciales.

Análisis político

La estrategia política observada refleja el uso de beneficios sociales focalizados como moneda de cambio en negociaciones legislativas complejas. El Gobierno logra destrabar su agenda económica mediante concesiones específicas al Partido de la Gente, consolidando una mayoría parlamentaria necesaria para avanzar en reformas estructurales. Esta dinámica subraya la importancia de los acuerdos de bancada en un Congreso fragmentado donde el Ejecutivo depende de alianzas tácticas para evitar el bloqueo de sus proyectos prioritarios. En este escenario, el Gobierno gana gobernabilidad al asegurar la aprobación de su megarreforma, mientras que el PDG capitaliza políticamente la medida presentándola como un alivio directo al bolsillo de la clase media y los sectores vulnerables. Por otro lado, los sectores críticos pierden capacidad de influencia al no lograr modificar el diseño del proyecto, quedando relegados a una postura de denuncia sobre la burocracia del sistema. La narrativa se construye bajo dos ejes: el oficialismo enfatiza la responsabilidad fiscal y la formalidad, mientras que la oposición pone el foco en la supuesta insuficiencia del apoyo y la exclusión de los sectores con menor acceso a la tecnología.