El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, radicó una proposición para trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia el Consejo Superior de la Judicatura. Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo explícito del presidente Abelardo De La Espriella y sectores del Centro Democrático, busca fortalecer la justicia ordinaria ante el represamiento de más de 2,2 millones de procesos. El congresista argumentó que la JEP ha tenido resultados deficientes tras ocho años de operación y un gasto acumulado de 4 billones de pesos. La Jurisdicción Especial para la Paz calificó la propuesta como el ataque más grave contra su independencia y autonomía judicial desde su creación. El magistrado Alejandro Ramelli advirtió que un recorte de esta magnitud impediría el funcionamiento operativo del tribunal, afectando directamente la protección de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. Ante la situación, el tribunal anunció que elevará una denuncia formal ante organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Diversas organizaciones de víctimas, encabezadas por la Federación Colombiana de Víctimas, expresaron su apoyo a la reducción presupuestal al considerar que el tribunal no ha cumplido con las expectativas de verdad y reparación. Por su parte, el Gobierno mantiene su postura crítica frente a la entidad, mientras la propuesta deberá superar el trámite legislativo y obtener el aval del Ministerio de Hacienda para ser incorporada en el Presupuesto General de la Nación de 2027.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa busca capitalizar el descontento de sectores críticos con el acuerdo de paz, utilizando la crisis de eficiencia de la justicia ordinaria como vehículo para deslegitimar a la JEP. Al enmarcar el debate en términos de 'eficiencia presupuestal' y 'necesidades ciudadanas', los promotores logran desplazar la discusión desde el cumplimiento de los compromisos de justicia transicional hacia una narrativa de austeridad y priorización de recursos, lo que permite presionar al tribunal sin necesidad de una reforma constitucional directa. En este escenario, el Gobierno y sus aliados políticos ganan terreno al posicionarse como defensores de la justicia cotidiana frente a lo que denominan un 'fortín burocrático', mientras que la JEP pierde capacidad de maniobra al verse obligada a defender su existencia en términos financieros. La construcción de narrativas es divergente: mientras el Ejecutivo y sus aliados presentan el recorte como una medida de justicia social, la JEP lo posiciona como un atentado contra el Estado de Derecho y los derechos de las víctimas, elevando el conflicto a una escala internacional para intentar blindar su legitimidad.

El senador Enrique Gómez, del partido Salvación Nacional, radicó una proposición para trasladar 100.000 millones de pesos del presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hacia el Consejo Superior de la Judicatura. Esta iniciativa cuenta con el respaldo explícito del presidente Abelardo De La Espriella, quien manifestó su apoyo a través de redes sociales. El congresista argumenta que la JEP ha tenido resultados ineficientes y que los recursos deben fortalecer la justicia ordinaria, la cual enfrenta un alto represamiento de procesos. La JEP calificó la propuesta como el ataque más grave contra su independencia y autonomía judicial desde su creación. El magistrado Alejandro Ramelli, presidente del tribunal, advirtió que el recorte afectaría el 62% de los fondos destinados a bienes y servicios, lo que impediría el funcionamiento operativo de la entidad. Ante esta situación, el tribunal anunció que denunciará la iniciativa ante organismos internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional. Diversos sectores de víctimas y congresistas, como los del Centro Democrático, apoyaron la medida al considerar que la jurisdicción ha sido un instrumento de impunidad. Por su parte, la Federación Colombiana de Víctimas respaldó el recorte, señalando que gran parte de las investigaciones ya contaban con avances en la justicia ordinaria. El futuro de esta propuesta depende ahora del trámite en el Congreso y del aval necesario por parte del Ministerio de Hacienda.

Análisis político

La estrategia política detrás de esta iniciativa busca capitalizar el descontento de sectores críticos con el acuerdo de paz, utilizando la austeridad fiscal como herramienta para debilitar la legitimidad de la justicia transicional. Al enmarcar el debate en la ineficiencia administrativa y la comparación con la justicia ordinaria, el Gobierno y sus aliados construyen una narrativa que presenta a la JEP como un obstáculo para la justicia cotidiana de los ciudadanos, logrando así un respaldo político que trasciende el ámbito legislativo. En este escenario, el Gobierno y el senador Gómez ganan terreno al posicionar una agenda de control sobre el tribunal, mientras que la JEP pierde capacidad de maniobra al verse obligada a defender su existencia en lugar de sus sentencias. La construcción de narrativas es divergente: mientras el oficialismo etiqueta al tribunal como un 'fortín burocrático' y 'monumento a la impunidad', la JEP se posiciona como una víctima de una 'asfixia económica' que pone en riesgo los derechos fundamentales de las víctimas y la seguridad jurídica del país.