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Noviembre 20, 2026
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JEP eleva a 7.961 las víctimas de falsos positivos e imputa a diez generalesActualizado · hoyi

Resumen i

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualizó el registro de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, elevando la cifra total a 7.961 personas entre 1990 y 2016. Este incremento de 124 casos adicionales se dio a conocer durante la audiencia de cierre de la investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en el Caso 03. La entidad concluyó que estos crímenes constituyeron un patrón macrocriminal sistemático y generalizado en todo el país.

La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó a diez generales retirados del Ejército como los máximos responsables de la expansión de esta práctica, especialmente entre 2005 y 2008. Siete de estos oficiales fueron llamados a reconocer su responsabilidad ante la justicia transicional para acceder a sanciones propias. Por el contrario, los generales Mario Montoya Uribe, Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tras manifestar su negativa a reconocer los hechos.

La investigación determinó que el fenómeno fue impulsado por una política de facto que priorizó el conteo de cuerpos como indicador de éxito militar. Según la JEP, las presiones institucionales, los sistemas de incentivos y la competencia entre unidades facilitaron la comisión de estos delitos. La cifra de víctimas alcanzó su punto crítico cuando la actividad de grupos armados disminuía, evidenciando que el fenómeno dependía de condiciones internas del mando militar.

Análisis Político i

La estrategia de la JEP se centra en la individualización de la responsabilidad en los niveles superiores de mando, desarticulando la narrativa de que los 'falsos positivos' fueron hechos aislados o excesos de soldados rasos. Al dividir a los imputados entre quienes aceptan la verdad y quienes optan por la vía adversarial, la jurisdicción presiona a los militares retirados para que colaboren con el esclarecimiento de la cadena de mando a cambio de beneficios jurídicos, mientras que los casos de quienes se niegan a cooperar avanzan hacia un juicio con penas privativas de la libertad más severas.

En este escenario, los militares que rechazan la responsabilidad pierden la oportunidad de obtener sanciones restaurativas, arriesgándose a condenas de hasta 20 años de prisión, mientras que la JEP gana legitimidad al demostrar capacidad de sanción frente a los máximos responsables. La narrativa oficial de la justicia transicional se consolida al vincular directamente las metas cuantitativas de bajas con la degradación de la ética militar, dejando a los generales en una posición de vulnerabilidad política y judicial frente a la evidencia documental recopilada durante años de investigación.

Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente

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Información corroborada por 7 medios independientes.

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