Eva Ferrer condiciona su testimonio ante la Fiscalía a garantías de seguridad por amenazas
Resumen
La exconsejera presidencial Eva Ferrer faltó por tercera vez a una diligencia ante la Fiscalía General de la Nación, programada para el 14 de octubre. Su abogado, Jhony Batalla, informó que la exfuncionaria se encuentra fuera del país debido a amenazas de muerte recibidas tras sus declaraciones públicas. La defensa sostiene que Ferrer está dispuesta a colaborar con la justicia, pero exige un esquema de protección formal antes de comparecer o entregar las evidencias que posee.
El caso se centra en las graves acusaciones formuladas por Ferrer contra la ex primera dama Verónica Alcocer, a quien señaló de presuntamente utilizar aeronaves oficiales para el tráfico de drogas y dinero hacia Venezuela. Estas afirmaciones, difundidas en entrevistas periodísticas, han generado una serie de reacciones legales, incluyendo una querella por calumnia presentada por la capitana Kelly Daniela Lozano, exjefa del esquema de seguridad de Alcocer. La Fiscalía, por su parte, busca verificar la veracidad de estos señalamientos en el marco de una indagación por presunta corrupción.
Verónica Alcocer ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas como versiones de oídas sin sustento directo. La ex primera dama presentó un derecho de petición ante la Fiscalía para conocer el estado de las investigaciones y reiteró que sus viajes a Venezuela fueron exclusivamente de carácter oficial. Mientras la defensa de Ferrer coordina una metodología para la entrega de pruebas, el ente investigador debe determinar si las denuncias tienen mérito penal o si se trata de imputaciones falsas.
Análisis Político
La estrategia de la defensa de Eva Ferrer busca transformar su posición de investigada a testigo protegida, utilizando el argumento de la seguridad personal para ganar tiempo y negociar condiciones de inmunidad o protección antes de exponer sus pruebas. Al mencionar la posibilidad de declarar ante autoridades de Estados Unidos, la defensa intenta elevar el perfil del caso a una dimensión transnacional, presionando a la Fiscalía colombiana para que actúe con mayor celeridad y bajo estándares internacionales de seguridad.
Por otro lado, Verónica Alcocer construye una narrativa de transparencia y cooperación, buscando deslegitimar a su acusadora al enfatizar que las denuncias carecen de pruebas directas y se basan en testimonios de terceros. En este escenario, Alcocer gana terreno al mostrarse dispuesta a colaborar con la justicia, mientras que Ferrer corre el riesgo de perder credibilidad ante la opinión pública si su inasistencia se prolonga sin la entrega efectiva de las evidencias prometidas, lo que podría ser interpretado como una táctica dilatoria.
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