Procuraduría solicita investigar a trece exfuncionarios por crisis en la Nueva EPS
Resumen
La Procuraduría General de la Nación abrió expedientes contra 13 exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, incluyendo al exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al exsuperintendente Daniel Quintero. La medida responde a un informe que concluye que la intervención forzosa de la Nueva EPS, iniciada en abril de 2024, no cumplió sus objetivos de mejora. El ente de control sostiene que, tras 23 meses de administración estatal, los indicadores financieros y de atención al usuario se deterioraron significativamente.
Los hallazgos revelan un aumento crítico en las peticiones, quejas y reclamos, que pasaron de 451.265 en 2023 a casi 934.926 en 2025. Asimismo, las tutelas contra la entidad se dispararon, alcanzando más de 40.000 casos en el primer trimestre de 2026, con una alta tasa de incumplimiento en la entrega de medicamentos y citas con especialistas. La situación financiera también es alarmante, con un patrimonio negativo proyectado de 11,9 billones de pesos y un rezago masivo en la facturación.
La investigación busca determinar si las decisiones u omisiones de los exfuncionarios, entre los que también figuran varios agentes interventores como Jorge Iván Ospina, agravaron el colapso operativo de la aseguradora. El Ministerio Público remitió el expediente para evaluar responsabilidades disciplinarias individuales. Mientras tanto, la Superintendencia de Salud designó a un nuevo agente interventor para intentar contener la crisis que afecta a millones de afiliados en el país.
Análisis Político
La estrategia de la Procuraduría se centra en la rendición de cuentas sobre la gestión técnica y administrativa del gobierno anterior, utilizando indicadores de desempeño para cuestionar la eficacia de la intervención estatal en el sector salud. Al señalar a figuras de alto perfil como el exministro Jaramillo y el exalcalde Quintero, el ente de control traslada el debate de la salud desde el plano ideológico hacia la responsabilidad disciplinaria por omisión y mala gestión.
Los principales perdedores son los exfuncionarios señalados, cuya trayectoria política queda vinculada a una crisis humanitaria y financiera de gran escala, mientras que los usuarios del sistema se mantienen como los más afectados por la ineficiencia operativa. La narrativa del gobierno anterior, que defendía la intervención como una medida necesaria para sanear el sistema, se ve debilitada por las cifras oficiales que demuestran un deterioro en la prestación del servicio, permitiendo a los sectores críticos del modelo de salud actual consolidar su postura sobre los riesgos de la administración estatal.
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