La Procuraduría General de la Nación solicitó al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) de Ciencia, Tecnología e Innovación aplazar la aprobación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. La petición busca que la sesión número 74, programada para el último día del gobierno de Gustavo Petro, se limite a un carácter informativo y deliberativo. El organismo de control argumentó que se requiere un análisis más profundo sobre la viabilidad, conveniencia e impacto de las iniciativas antes de comprometer cerca de 900.000 millones de pesos. El requerimiento abarca las convocatorias 44, 45 y 50, las cuales incluyen proyectos de formación de talento humano, fortalecimiento de centros de investigación y desarrollo científico. La Procuraduría enfatizó que la magnitud de los recursos y la relevancia de las propuestas exigen plenas garantías de transparencia y una evaluación técnica rigurosa. Según el Ministerio Público, el tiempo adicional permitiría evitar decisiones apresuradas en el cierre del periodo presidencial. La decisión final sobre si se mantienen los puntos decisorios en la agenda o si se acoge la recomendación de aplazamiento recae sobre las instancias directivas del OCAD. Esta intervención se suma a las acciones preventivas que el ente de control ha ejercido recientemente sobre el uso de los recursos de regalías. La medida busca asegurar que la asignación de fondos públicos cuente con el respaldo de un proceso de deliberación suficiente y adecuado.

Análisis político

La estrategia de la Procuraduría se enmarca en el ejercicio de su función preventiva, utilizando el control administrativo para frenar la ejecución de recursos públicos en momentos de transición gubernamental. Al solicitar el aplazamiento, el organismo de control impone un freno a la capacidad decisoria del gobierno saliente, trasladando la responsabilidad de la aprobación a una etapa posterior y evitando posibles irregularidades en el uso de los fondos de regalías. En este escenario, la Procuraduría se posiciona como un actor que garantiza la transparencia y la vigilancia institucional, mientras que el gobierno saliente pierde la oportunidad de concretar la asignación de estos proyectos antes de finalizar su mandato. La narrativa del ente de control se construye sobre la necesidad de rigor técnico y transparencia, contraponiéndose a la urgencia administrativa que suele caracterizar los últimos días de una administración, lo cual genera una tensión sobre la legitimidad de las decisiones tomadas en el límite del periodo presidencial.