La Policía de Investigaciones y la Fiscalía de O'Higgins desarticularon una organización criminal dedicada al robo y comercialización ilegal de cobre, logrando la detención de 59 personas. El operativo, denominado Veta Roja, movilizó a más de 300 efectivos y contempló el allanamiento de 70 inmuebles y dependencias de Codelco. Entre los aprehendidos figuran un exfuncionario de Carabineros, señalado como líder de la banda, además de un trabajador de la estatal y dos contratistas que facilitaban información privilegiada desde el interior de la mina El Teniente. La estructura delictiva operaba desde hace dos años mediante una división de roles que incluía cuadrillas de montaña, transportistas que utilizaban mulas, cortadores de cables eléctricos y testaferros. El Ministerio Público busca formalizar a los imputados por al menos 30 delitos, entre ellos robo en bienes nacionales de uso público, receptación y lavado de activos. La investigación se sustenta en 36 denuncias presentadas por la minera desde marzo de este año, las cuales alertaban sobre la sustracción sistemática de recursos desde sus instalaciones. Codelco se declaró víctima de estos ilícitos y confirmó su colaboración activa con las autoridades para esclarecer las responsabilidades penales. La empresa enfatizó que dos de los detenidos fueron capturados en flagrancia mientras cumplían funciones laborales dentro de la mina. Las consecuencias inmediatas incluyen la desarticulación de una red que utilizaba empresas de chatarra como fachada para insertar el material robado en el mercado informal.

Análisis político

La estrategia observada refleja un esfuerzo coordinado entre el Ministerio Público y las policías para desmantelar redes de crimen organizado que operan mediante la infiltración de empresas estratégicas. La participación de un exfuncionario policial como cabecilla y de trabajadores internos subraya la complejidad de la corrupción en la cadena de suministro minera, lo que obliga a las instituciones a fortalecer sus controles internos y protocolos de seguridad ante la vulnerabilidad de sus activos. Codelco gana legitimidad al posicionarse como víctima colaboradora, distanciándose de los trabajadores involucrados para proteger su reputación corporativa, mientras que el Estado gana capital político al demostrar capacidad operativa en la lucha contra el robo de cobre. Por el contrario, pierden los trabajadores implicados y la imagen de seguridad de la estatal, cuya vulnerabilidad ante el crimen organizado queda expuesta, obligando a una revisión de sus políticas de contratación y vigilancia en zonas críticas.