Presupuesto 2027 contempla aumento de 190% en fondos para expulsiones de migrantes
Resumen
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) proyecta un incremento del 190% en los recursos destinados a expulsiones para el año 2027, elevando la cifra de 4 mil millones a 11.604 millones de pesos. Esta medida busca dar continuidad a la política de deportaciones judiciales y administrativas impulsada por el Presidente Kast. El director del organismo, Frank Sauerbaum, señaló que el presupuesto actual se agotó en agosto, requiriendo una inyección extraordinaria para concretar traslados recientes hacia Perú y Colombia.
La estrategia para el próximo año contempla una combinación de vuelos comerciales, chárter, aeronaves de la FACH y traslados terrestres para lograr un salto cuantitativo en las expulsiones. Hasta el 30 de septiembre, el servicio reportó 1.764 expulsiones ejecutadas y 10.197 salidas voluntarias. Además, el organismo destacó una reducción del 93% en las denuncias por ingresos a través de pasos no habilitados en la frontera.
El presupuesto global del Sermig crecerá un 41,4% en 2027, integrando herramientas de inteligencia artificial para la automatización documental. Este avance tecnológico tiene como objetivo reducir los tiempos de tramitación en un 30% para las 400 mil solicitudes anuales que recibe la institución. Los fondos también financiarán nuevos proyectos de ley que el Ejecutivo presentará próximamente ante el Congreso Nacional.
Análisis Político
La estrategia gubernamental se centra en la securitización de la agenda migratoria, utilizando el aumento presupuestario como una herramienta de gestión política para consolidar la narrativa de orden y control. Al priorizar la capacidad operativa de expulsiones y la modernización tecnológica, el Ejecutivo busca capitalizar políticamente la percepción de eficiencia en la gestión de fronteras, un tema central en la agenda pública chilena.
El Gobierno gana legitimidad ante su base electoral al cumplir con la promesa de "ordenar la casa", mientras que la oposición enfrenta el desafío de cuestionar una medida que cuenta con indicadores de reducción en ingresos irregulares. La narrativa oficial se construye sobre la dicotomía entre la gestión técnica eficiente mediante inteligencia artificial y la firmeza en la ejecución de deportaciones, desplazando el debate hacia la capacidad de ejecución del Estado.
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