El presidente Gustavo Petro anunció la liquidación de Air-e, empresa encargada de la distribución de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras considerar que la intervención estatal de casi dos años no resolvió su crisis financiera y operativa. La medida busca reorganizar el sistema eléctrico regional mediante una nueva estructura pública, integrando los activos de Air-e a otra empresa pública caribeña. Petro criticó la falta de inversión histórica en infraestructura y señaló a sectores políticos y antiguos operadores por los problemas, mencionando bloqueos a propuestas de socialización de pérdidas en el Congreso y la justicia. La decisión presidencial generó alerta en el sector gremial, con la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtiendo que una liquidación podría dejar automáticamente sin servicio a 1,3 millones de hogares en la Costa Caribe. El gremio señaló que el Gobierno no ha gestionado un operador sustituto idóneo y que las empresas públicas carecen del músculo financiero para asumir la operación, que registra pérdidas mensuales significativas. Andeg también destacó que Air-e acumula una deuda de 2,5 billones de pesos con el sector eléctrico, y que una liquidación podría enviar una señal negativa a los acreedores y desestabilizar las finanzas del sistema interconectado. Paralelamente, el mandatario destacó el programa Colombia Solar, con 8 billones de pesos aprobados para expandirse en la Costa Caribe, buscando impulsar la autogeneración y reducir pérdidas. Esta iniciativa se suma a la propuesta de usar regalías para financiar energías limpias. La liquidación de Air-e abre una nueva etapa en la discusión sobre el modelo de prestación del servicio eléctrico en una región históricamente afectada por problemas de cobertura, pérdidas y altas tarifas.

Análisis político

La estrategia política del presidente Petro se centra en la estatización y reorganización del sector energético de la Costa Caribe, presentando la liquidación de Air-e como una solución estructural a problemas de años. Busca capitalizar el descontento con el servicio actual y culpar a "sectores políticos" y "antiguos operadores", incluyendo a la familia Char, por los bloqueos a sus propuestas, construyendo una narrativa de lucha contra intereses establecidos. La propuesta de una nueva empresa pública busca consolidar el control estatal sobre un servicio esencial y avanzar en su agenda de transición energética con programas como Colombia Solar. Con esta decisión, el Gobierno busca ganar apoyo en la región Caribe, presentando una alternativa a la gestión privada y a la intervención estatal fallida. Los gremios del sector privado, como Andeg, y posiblemente sectores políticos opositores, pierden influencia y ven amenazados sus intereses económicos y su modelo de negocio. La narrativa oficial posiciona al Gobierno como el actor que intenta resolver una crisis heredada y que enfrenta resistencias, mientras que los críticos advierten sobre riesgos de inestabilidad financiera, apagones y un manejo irresponsable de los recursos públicos, construyendo una narrativa de advertencia sobre las consecuencias de las decisiones presidenciales.