El Presidente José Antonio Kast firmó y envió al Senado un proyecto de reforma constitucional en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa busca consagrar la seguridad pública como un deber del Estado en el artículo 1º de la Carta Fundamental. El texto incluye la creación de un nuevo estado de excepción, un registro de organizaciones criminales, regímenes penitenciarios diferenciados y facilidades para la incautación de bienes ilícitos. El mandatario solicitó al Congreso una tramitación rápida y con altura de miras, argumentando que la crisis de seguridad es un fenómeno de larga data que excede a una sola administración. Durante la ceremonia en La Moneda, Kast enfatizó que el combate al crimen organizado requiere herramientas legales robustas para recuperar el control territorial. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó que la reforma busca entregar atribuciones operativas sin entorpecer el debate económico del país. La propuesta también contempla ajustes constitucionales para habilitar la pérdida de beneficios sociales e inhabilidades para condenados por delitos graves. Este componente busca superar obstáculos legales previos que impidieron avanzar en medidas similares, como ocurrió con la ley de Escuelas Protegidas. El gobierno sostiene que estas modificaciones son fundamentales para enfrentar el desafío actual, aunque reconoce que el debate legislativo será intenso.

Análisis político

La estrategia del Ejecutivo se centra en capitalizar la urgencia ciudadana por la seguridad para impulsar cambios estructurales en la Constitución, utilizando como base propuestas previas de su sector político. Al elevar la seguridad pública al artículo 1º de la Carta Magna, el gobierno busca redefinir las prioridades del Estado, desplazando el foco desde una función administrativa hacia una obligación institucional de primer orden. Esta táctica busca presionar a la oposición bajo el argumento de una urgencia nacional, intentando alinear el discurso político con las demandas de la población. El gobierno gana al posicionarse como el actor que toma medidas concretas contra el crimen organizado, mientras que el riesgo político recae en la posible resistencia legislativa o nuevos fallos del Tribunal Constitucional. La narrativa oficialista construye una dicotomía entre la protección de los ciudadanos y la defensa de los delincuentes, forzando a los actores políticos a definirse ante la opinión pública. Quienes se opongan a la reforma corren el riesgo de ser señalados como obstáculos para la paz social, mientras que el oficialismo consolida su identidad política en torno a la mano dura y el orden.