Presidente del Congreso advierte riesgo de racionamiento energético por déficit de 1,5 billones
Resumen
El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, alertó sobre la posibilidad de racionamientos de energía en Colombia, especialmente en la Costa Caribe, si no se aseguran 1,5 billones de pesos antes de febrero. Esta cifra es necesaria para garantizar la prestación del servicio, con un requerimiento inmediato de 130.000 millones de pesos para el próximo mes. La advertencia surgió tras una reunión con el Consejo Gremial Nacional, donde se discutieron los retos económicos y la crisis del sector eléctrico.
La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, atribuyó la crisis a señales negativas emitidas durante los últimos cuatro años, que impidieron la entrada de entre 4.000 y 4.500 megavatios de energía en firme al sistema. Actualmente, el país enfrenta un déficit del 5% en la oferta frente a la demanda, situación que se agrava por el crecimiento del consumo y la alta probabilidad de un fenómeno de El Niño. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Minas, trabaja en medidas técnicas para asegurar la sostenibilidad de embalses y plantas térmicas.
Como respuesta inmediata, el Congreso de la República se sumó a una campaña nacional de ahorro energético, instando al Gobierno y a la ciudadanía a reducir el consumo. Henríquez enfatizó que, mientras se desarrollan soluciones de fondo, el ahorro es la prioridad para evitar apagones. La agenda del encuentro también incluyó preocupaciones sobre el presupuesto de 2027, el sistema de salud y la próxima presentación del Plan Nacional de Desarrollo.
Análisis Político
La estrategia política del presidente del Congreso se centra en capitalizar la preocupación ciudadana por la seguridad energética, posicionándose como un actor preventivo y colaborador con el sector privado. Al alinearse con el Consejo Gremial, Henríquez traslada la responsabilidad de la crisis hacia la gestión de los últimos cuatro años, construyendo una narrativa que cuestiona la capacidad del Gobierno actual para manejar el sector eléctrico y los riesgos climáticos inminentes.
El gran perdedor político es el Gobierno Nacional, que recibe la presión de una crisis sectorial en un momento de alta vulnerabilidad económica, viéndose obligado a liderar medidas de ahorro que pueden ser percibidas como una señal de debilidad o falta de previsión. Por su parte, el sector gremial gana relevancia al dictar la agenda de ahorro y presionar por soluciones técnicas, mientras que el Congreso utiliza el evento para legitimar su rol de control político y vigilancia sobre la ejecución presupuestal y la estabilidad del sistema interconectado.
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