Presidente De la Espriella ordena revisión nacional de fotomultas tras detectar irregularidades
Resumen
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizar una auditoría nacional de los sistemas de fotodetección en el país. Esta medida surge tras identificar cerca de 40.000 comparendos emitidos de manera irregular por dispositivos que operaban sin el registro oficial de inicio de actividades. Como primer resultado, se impidió la entrada en funcionamiento de un sistema en Cartago por incumplimiento de requisitos técnicos.
La revisión técnica también contempla la revocatoria de autorizaciones para 12 dispositivos debido a cambios en la competencia de las autoridades de tránsito locales. El Gobierno Nacional busca establecer si existen otros puntos en el territorio donde los equipos operan sin la debida autorización legal. Esta acción se suma a una investigación previa que involucra a 37 organismos de tránsito y a la revisión de millones de multas impuestas en meses anteriores.
El Ejecutivo anunció que trabajará en una nueva reglamentación para los sistemas de fotodetección y supervisará los vehículos equipados con tecnología de vigilancia sin presencia de agentes. El mandatario enfatizó que estas herramientas deben priorizar la seguridad vial sobre el recaudo económico. Los dispositivos que no cumplan con la normativa vigente serán retirados de operación de manera inmediata.
Análisis Político
La estrategia del Gobierno se centra en capitalizar el descontento ciudadano frente a los sistemas de fotomultas, presentándose como un defensor del bolsillo de los conductores frente a lo que denomina prácticas de negocio. Al enmarcar la revisión como una lucha contra la corrupción y el abuso administrativo, el Ejecutivo busca fortalecer su legitimidad mediante acciones correctivas directas que generan resultados tangibles y rápidos, como el caso de Cartago.
Los ciudadanos y conductores resultan los principales beneficiarios políticos de esta medida, al ver una respuesta estatal ante las quejas por comparendos presuntamente irregulares. Por el contrario, los organismos de tránsito locales y las empresas operadoras de estos sistemas pierden capacidad de maniobra y legitimidad, enfrentando una mayor vigilancia estatal que amenaza sus fuentes de ingresos y su continuidad operativa bajo el actual marco normativo.
Actualizado y revisado por el equipo editorial de Prensa Inteligente
Sesgo mediático
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