El presidente Abelardo De La Espriella lideró la Cumbre de Gobernadores en Mompox, Bolívar, donde reafirmó su compromiso de gobernar desde las regiones y no desde un despacho centralista. Durante el encuentro, el mandatario anunció la próxima presentación de un Estatuto Antiterrorista y una Ley de Competencias para fortalecer el poder de los departamentos. El jefe de Estado enfatizó que la descentralización es una prioridad, pero advirtió que esta no debe confundirse con autonomía para establecer acuerdos clandestinos con estructuras criminales. El mandatario fue enfático al prohibir a alcaldes y gobernadores cualquier tipo de negociación o pacto con grupos armados ilegales. De La Espriella sostuvo que no permitirá que las autoridades locales contemporicen con quienes asesinan, extorsionan o reclutan menores, condicionando la autonomía territorial a la garantía de seguridad. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, complementó esta postura señalando que el Gobierno trabajará en una Ley de Competencias construida de manera gradual y con diferenciación territorial. La cumbre también sirvió como escenario para abordar desafíos críticos como la crisis de las EPS, la seguridad energética ante el fenómeno de El Niño y la financiación de proyectos locales. Gobernadores como Yamil Arana de Bolívar y Andrés Julián Rendón de Antioquia destacaron la necesidad de transformar la gestión territorial y optimizar los recursos nacionales. El Gobierno Nacional busca, mediante esta articulación, facilitar el acceso a créditos de la banca multilateral y mejorar la ejecución de proyectos en los territorios.

Análisis político

La estrategia política de De La Espriella se basa en una narrativa de 'autoridad descentralizada', donde busca capitalizar el apoyo de los mandatarios regionales mediante promesas de autonomía financiera y técnica, mientras impone límites estrictos en materia de seguridad. Al prohibir explícitamente los pactos con grupos criminales, el Presidente marca una línea divisoria clara frente a administraciones anteriores, consolidando una imagen de mano dura que busca legitimidad tanto en la fuerza pública como en la opinión pública nacional. En este evento, el Gobierno gana al posicionarse como un articulador eficiente que atiende las necesidades locales, mientras que los gobernadores ganan visibilidad y la promesa de una mayor descentralización. Sin embargo, el riesgo político recae sobre aquellos mandatarios locales que, bajo presión por la violencia en sus territorios, podrían ver limitada su capacidad de maniobra ante los grupos armados. La narrativa del Ejecutivo se construye sobre la oposición entre el 'orden institucional' y la 'clandestinidad criminal', dejando poco margen para enfoques alternativos de resolución de conflictos.